El primer ministro de Perú, Aníbal Torres, y el titular de Justicia, Félix Chero, serán investigados en un caso abierto contra el presidente, Pedro Castillo, por encubrimiento personal y organización criminal, anunció este lunes la Fiscalía de la Nación.
En su cuenta en Twitter, el Ministerio Público informó de que la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, dispuso incluir a Torres, en su condición de exministro de Justicia, y a Chero, actual ministro de esa cartera, “en la investigación preliminar por el delito de organización criminal”.
La inclusión de Torres y Chero se hizo pública poco después de que Castillo acudiera al despacho de la fiscal de la Nación para responder sobre ese caso, pero en el que decidió no responder preguntas hasta que el Ministerio Público reúna toda la información pertinente del caso, según manifestó el abogado del mandatario, Benji Espinoza.
Castillo niega acusaciones
Aunque Castillo negó su responsabilidad en tres casos de los que está siendo investigado de forma preliminar, prefirió ser nuevamente citado por la Fiscalía para responder sobre las denuncias en su contra.
“Hemos negado tajantemente y rechazado las imputaciones”, expresó el jefe de Estado y añadió que, “una vez que se acopie la información en todas las investigaciones”, irá “nuevamente a declarar”.
El mandatario peruano es investigado por presunta organización criminal a raíz de las adjudicaciones de obras en varios distritos de la región Cajamarca, de la que es oriundo, a cambio de dinero, así como la licitación para la compra de biodiésel para la estatal Petroperú.
También por el presunto encubrimiento de los prófugos Juan Silva, exministro de Transportes, y su sobrino Fray Vásquez, denunciados por participar en las coordinaciones de la presunta mafia enquistada en el Ejecutivo para la irregular adjudicación de obras.
Asimismo, Castillo es investigado por presuntas irregularidades en los ascensos policiales y militares, por el supuesto plagio de su tesis de maestría y por la adjudicación de obras en Lima con la presunta participación del ministro de Vivienda, Geiner Alvarado.
