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Diputados exigen justicia por muerte de Alexander, el bebe asesinado en Los Mochis

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Elizabeth Chía, pidió que se deje de dar largas y que el padrastro vaya a prisión

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Culiacán, Sinaloa.-En este círculo vicioso de la violencia, las niñas, niños y adolescentes, son un sector vulnerable ya que se encuentran en mayor riesgo de sufrir maltrato, abuso físico, abandono o hasta la muerte; ellos, desafortunadamente, constituyen el principal problema de violencia familiar, fue el posicionamiento la diputada local del Partido Sinaloense, Elizabeth Chía Galaviz, leído su compañera de bancada María del Rosario Osuna.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, indicó que es preocupante que la niñez esté creciendo en un ambiente donde las agresiones las consideran normal, ya que los padres la ejercen a diario en su hogar, siendo un receptor de estas agresiones, primero de manera indirecta y después directamente, pues el crecer con estas acciones lo convierten en un adulto agresor.

Chía Galavíz se pronunció para pedir justicia por el asesinato de Alexander, un menor de 2 años de la ciudad de Los Mochis el pasado 12 de septiembre, homicidio cometido, supuestamente, por la pareja sentimental de la madre, identificado como Juan Carlos quien estaba a cargo del cuidado del menor.

En ese señaló que la realidad es que Alexander es una víctima más de esta violencia familiar que se ha padecido por décadas en el estado, poco o nada ha servido la Alerta de Género que se estableció desde el año 2017 y siguen siendo 5 los municipios donde se genera más violencia contra las mujeres, familiares y contra la niñez: Culiacán, Mazatlán, Ahome, Guasave y Navolato

“Desde nuestro punto de vista sí, tenemos los suficientes elementos como para que se ejecute el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se le vincule por homicidio calificado con ventaja y con crueldad en contra del bebé de nombre Alexander”, expresó.

La diputada pasista puntualizó que es necesario que desde la propia voz de las familias se conozcan las posibles soluciones, para que estas se traduzcan en acciones y políticas públicas, y fortalecer la prevención y evitar que más niñas, niños y adolescentes sigan muriendo en el Estado.

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