• El vital líquido debe tratarse como un bien social y cultural, no solo como un bien económico: diputada Aguilar Gil (PT)
La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) promueve una iniciativa de reformas a la Ley de Aguas Nacionales, para establecer que “no podrá ser restringido en su totalidad, en ninguna circunstancia”, el uso doméstico y público urbano del agua.
Precisa que “los gobiernos estatales, municipales y de la Ciudad de México, conforme a su marco normativo, necesidades y prioridades, deberán garantizar el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, y este no podrá ser restringido en su totalidad en ninguna circunstancia”.
La propuesta de reforma a la fracción XXII del artículo 14 Bis 5, y el artículo 15, turnada a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, advierte que la situación es crítica y requiere atención urgente para garantizar que todos los habitantes tengan acceso a este recurso, acompañado de políticas de protección del medio ambiente y la promoción de un desarrollo sostenible.
Considera que el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos, por lo que el vital líquido debe tratarse fundamentalmente como un bien social y cultural, y no solo como un bien económico.
Argumenta que la escasez de agua y la contaminación representan desafíos significativos en muchas partes del mundo, lo que pone en riesgo este derecho y afecta a millones de personas, de ahí que es fundamental que los gobiernos y las instituciones trabajen para garantizar el acceso equitativo, protegiendo y promoviendo su uso sostenible.
La diputada Aguilar Gil destaca que el derecho al agua implica que todas las personas deben tener acceso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, como salud, higiene y alimentación; este recurso natural es indispensable para prevenir enfermedades y garantizar una vida digna.
Además, menciona, es vital para la agricultura, la producción de alimentos y el desarrollo de comunidades sostenibles. Por ello, recalca que se tiene la obligación de legislar para defender este derecho y el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, para que no sean atropellados por autoridades de los diferentes órdenes de gobierno.
