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Congreso de Sinaloa analizará reformas legales para evitar casos de impunidad en temas de abuso

Diputadas y diputados buscarán evitar que acusados evadan la prisión preventiva

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Culiacán, Sinaloa.– Tras la denuncia pública de una madre de familia, quien señaló que un exfuncionario acusado de abuso habría sido puesto en libertad, el Congreso del Estado de Sinaloa se pronunció al respecto y se destacó la necesidad de reformas legislativas que eviten que casos de esta gravedad queden impunes.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), María Teresa Guerra Ochoa, habló sobre el tema y aseguró que situaciones como esta, evidencian la urgencia de fortalecer el marco jurídico para garantizar que funcionarios y exfuncionarios señalados por delitos graves reciban sanciones justas y no enfrenten sus procesos en libertad.

“En Sinaloa hubo un ajuste para elevar las penas en temas de acoso y hostigamiento sexual y lo sé porque nosotros desde la Secretaría de las Mujeres construimos de alguna manera propuestas, en ese sentido no dejaba de ser muy injusto lo que sucede a veces y más con menores de edad, pero también teníamos que avanzar, nosotros nos dábamos cuenta y lo pusimos sobre la mesa”.

Guerra Ochoa destacó que, desde el Congreso, se trabaja en la revisión de la normativa vigente para incrementar las penas en delitos relacionados con abuso y violencia, así como para impulsar modificaciones que impidan que los acusados puedan acceder a medidas que les permitan evadir la prisión preventiva.

“Creo que nos falta mucho fortalecer perspectiva de género en quienes están en impartición de justicia, no solo en procuración, sino en impartición de justicia. Tenemos que trabajar con esa perspectiva y cuidar mucho los protocolos de sensibilización y formación, yo creo no deja de ser lamentable que una persona que es agresor que sea a una menor de edad, pueda caminar diríamos con impunidad”.

La diputada agregó que el Poder Legislativo buscará avanzar en estas reformas con el objetivo de proteger a las víctimas, fortalecer la confianza en las instituciones y asegurar que los procesos judiciales se desarrollen de manera equitativa y sin beneficios.

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