• Señala que el consentimiento no podrá presumirse del silencio, la pasividad o la falta de resistencia física de la víctima.
Las Comisiones Unidas de Justicia, presidida por el diputado Julio César Moreno Rivera (Morena), y la de Igualdad de Género, encabezada por la diputada Anais Miriam Burgos Hernández (Morena), avalaron por unanimidad, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal, en materia de abuso sexual.
El dictamen fue aprobado por 24 votos a favor de la Comisión de Justicia y 23 de la de Igualdad de Género, y se remitió a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para los efectos de la programación legislativa.
El artículo 260 establece que comete el delito de abuso sexual quien sin el consentimiento de la víctima y sin el propósito de llegar a la cópula, realice en el ámbito público o privado, cualquier acto de naturaleza sexual, la obligue a observarlo, o la haga ejecutarlo sobre sí, para un tercero o para el propio sujeto activo.
Establece que no se considera consentimiento cuando la voluntad de la persona haya sido anulada o viciada por violencia, intimidación, engaño, amenaza, abuso de confianza, autoridad o situación de vulnerabilidad. El consentimiento no podrá presumirse del silencio, la pasividad o la falta de resistencia física de la víctima.
Al hacer la fundamentación, el diputado Moreno Rivera explicó que se propone reformar el artículo 260 del Código Penal Federal, con el propósito de ampliar la definición de las conductas sancionadas, fortalecer la protección a las víctimas y actualizar el régimen de agravantes y sanciones.
Señaló que el objetivo central de la minuta es colocar el consentimiento de la víctima como elemento esencial del tipo penal, estableciendo de manera expresa que éste no podrá presumirse cuando exista silencio, pasividad o falta de resistencia por parte de la víctima, reforzando así una perspectiva centrada en la dignidad y la libertad sexual.
También, busca fortalecer la protección de las víctimas, dotar de mayor claridad al tipo penal y armonizar el marco jurídico en materia de delitos contra la libertad y la seguridad sexual.
Resaltó que entre sus puntos principales destacan la redefinición del delito de abuso sexual especificando lo relativo al consentimiento como elemento clave; imponer una sanción de tres a siete años de prisión y multa de doscientas a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Asimismo, se impondrá la obligación de acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres o prestar servicio social en favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública a fin de favorecer medidas de no repetición y promover un cambio cultural a favor de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Las penas previstas en este artículo se aumentarán en una tercera parte cuando el delito se cometa en un lugar despoblado, solitario o poco accesible; por dos o más personas; cuando se realice por ministro de culto aprovechando su cargo, función o comisión; cuando la víctima se encuentre en estado de embarazo; incluso por motivos relacionados con la orientación sexual, identidad de género o cuando la víctima se encuentre en estado de indefensión, entre otros.
La diputada Burgos Hernández mencionó que es importante lo previsto por el artículo 261 del Código Penal Federal que establece una protección reforzada para niñas, niños y adolescentes, y la vigencia de este artículo reafirma un principio fundamental del derecho penal, tratándose de menores de edad el consentimiento es jurídicamente relevante.
“Aquí el bien jurídico protegido es la indemnidad sexual reconocida por la jurisprudencia nacional e internacional como un deber reforzado del Estado. Este dictamen no sólo actualiza la legislación penal, sino que inserta en un proceso más amplio la transformación constitucional en materia de igualdad sustantiva, derivada de las reformas al artículo cuarto de la Constitución”, añadió.
Intervención de diputadas y diputados
La diputada Elena Edith Segura Trejo (Morena) indicó que esta modificación toca uno de los temas más sensibles y dolorosos: el abuso sexual, delito que durante años se vivió en silencio, se minimizó y en demasiadas ocasiones quedó impune. Destacó la importancia de votar a favor del proyecto, y de que las instituciones en el Ejecutivo difundan esta ley para que mujeres, niñas y niños ejerzan su derecho.
Tania Palacios Kuri, diputada del PAN, refirió que México sigue rezagado en la definición del consentimiento en delitos sexuales, pues mientras se debaten conceptos jurídicos, todavía hay niñas y niños que no saben que lo que les hicieron es un delito con nombre. Planteó que si ya se abrió la agenda en esta materia se continúe con reformas que den coherencia sistemática a la legislación sobre delitos sexuales.
A su vez, la diputada del PVEM, Karina Alejandra Trujillo Trujillo, dijo que no se trata únicamente de modificar un artículo del Código Penal Federal, sino de transformar la manera en que el Estado mexicano entiende, previene y sanciona la violencia sexual, colocando la dignidad humana en el centro de la ley.
La diputada Ana Luisa del Muro García (PT) afirmó que con estos cambios a la ley se responde a la exigencia histórica del movimiento de mujeres para que el Estado deje de revictimizar y empiece a proteger a todas las personas, incluyendo a los hombres que también pueden ser víctimas de abuso sexual.
“Los derechos humanos no tienen género y la dignidad humana debe ser defendida sin excepciones”
Del PRI, la diputada Xitlalic Ceja García, puntualizó que para implementar esta reforma se debe contar con presupuesto digno para las áreas que atienden la seguridad de las mujeres. Añadió que México no es un país libre de violencia hacia las mujeres pues hay una herencia cultural que ha buscado nuevas formas para atentar contra las mujeres.
La diputada Anayeli Muñoz Moreno (MC) manifestó que una de las violencias de género, evidentemente la más grave son los feminicidios que se cometen en el país, pero lo que sigue lacerando a las niñas, adolescentes y mujeres es el abuso sexual que deja una marca imborrable.
En una segunda ronda, la diputada Mariana Guadalupe Jiménez Zamora (MC) afirmó que muchos casos de abuso sexual se complicaron, porque la ley tenía espacios grises que favorecían la impunidad, de ahí la importancia de establecer con esta reforma que el consentimiento no deba presumirse del silencio, la falta de resistencia física o que no exista cuando la voluntad está anulada.
“Eso cambia la conversación en las fiscalías y en los tribunales”
A su vez, el diputado Emilio Suárez Licona (PRI) se pronunció por fortalecer el marco jurídico para proteger la dignidad y libertad de las víctimas y eliminar interpretaciones revictimizantes ante el dolor y la tragedia que representa el abuso sexual. Con este dictamen.
“Se avanza en la protección de las personas y en la construcción de un Estado que no tolere la violencia”.
Del PT, el diputado Ricardo Mejía Berdeja señaló que la reforma da certeza jurídica, eleva la protección de las víctimas y define con precisión el consentimiento. Sostuvo que el Estado debe responder con mayor severidad y adelantó que presentará una reserva para mantener pena de prisión de entre 6 y 10 años, por ser adecuada “y con el dictamen la estamos descafeinando de más”, al reducirla a un lapso de 3 a 7 años.
El diputado Carlos Arturo Madrazo Silva (PVEM) comentó que incluir el acoso sexual y el acecho como tipos penales específicos representa un avance para el marco jurídico, fortalece la protección de los derechos humanos y reafirma el compromiso del Estado con una vida libre de violencia.
La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (PAN) subrayó que es pertinente ampliar el concepto de abuso sexual que es tan persistente en México. “Es un dictamen que favorece, es importante y cambia lo que es realmente el consentimiento de la obligación de hacer talleres reeducativos”.
De Morena, la diputada Any Marilú Porras Baylón puntualizó que este dictamen representa un paso firme a un derecho penal más claro, proporcional y centrado en la dignidad de las víctimas. Agregó que la violencia sexual es una realidad persistente en el país, las cifras oficiales y los diagnósticos de organizaciones evidencian que miles de mujeres, niñas y personas en situación de vulnerabilidad enfrentan este delito en condiciones de miedo, silencio y revictimización.
