La desaparición de personas es un delito que no reconoce fronteras ni competencias aisladas, por ello, es fundamental la coordinación no solo entre las fiscalías y las distintas áreas de gobierno, sino con los colectivos, las y los buscadores.
Así lo estableció la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, durante el “Encuentro Nacional 2026: Investigación y Persecución de Desaparición de personas”, llevado a cabo en las instalaciones de la FGR.
Ante fiscales generales estatales, fiscales especializados, representantes de la Secretaría de Gobernación y la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Godoy Ramos pidió unificar criterios de investigación, mejorar el intercambio de información, fortalecer las unidades especializadas y robustecer la acción penal contra quienes cometen estas conductas.
“Hoy estamos reunidos bajo un imperativo ético y legal ineludible: fortalecer la investigación y persecución de los delitos de desaparición de personas en todo el territorio nacional”, señaló.
“Como personas servidoras públicas encargadas de la procuración de justicia, nuestra función es muy clara: la investigación y persecución de delitos con eficacia y apego a la legalidad, asegurando en todo momento el pleno respeto a los derechos humanos de todas las personas y poniendo siempre en el centro a las víctimas”, agregó.
Para avanzar en la erradicación efectiva de este fenómeno criminal, abundó, “este encuentro representa la oportunidad para unificar criterios con información sólida; no es solamente un tema estadístico, sino información que nos permita caracterizar de mejor manera la desaparición de personas, que nos permita tomar decisiones de Estado para enfrentar este delito”.
Godoy Ramos argumentó que es muy importante tener en cuenta que la primera responsabilidad que se tiene es encontrar a la persona, con vida, y encontrarla lo más pronto posible desde que se activa la alerta nacional.
Subrayó que esta responsabilidad adquiere una dimensión apremiante, porque se trata de un delito que daña profundamente al tejido social, a las familias y a la sociedad en su conjunto, y exige una respuesta coordinada, científica, pero sobre todo una respuesta humana.
La prioridad, aseveró la Fiscal General, es encontrar a las personas desaparecidas, investigar y dar con el o los responsables para llevarlos ante la justicia, ante los tribunales, para imponer sentencias ejemplares.
En representación de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, afirmó que para el Gobierno de México la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad, por lo que se impulsa una estrategia integral basada en la coordinación interinstitucional.
Este esfuerzo conjunto, señaló, se orienta a la localización de personas desaparecidas mediante acciones en territorio, el uso de herramientas especializadas y el acompañamiento cercano a las familias, con el compromiso de garantizar verdad, memoria y justicia, colocando en el centro a las personas y el respeto a su dignidad.
En su oportunidad, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, habló de la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas (BANCID), cuya génesis derivó de las reformas a la ley, publicadas el 16 de julio de 2025.
El BANCID, explicó, es un mecanismo de registro y consulta de carácter obligatorio para las fiscalías, a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“Esta base nacional permite concentrar, homologar y sistematizar la información generada en las carpetas de investigación a nivel nacional; integra la información estructurada sobre personas desaparecidas y no localizadas, así como sobre las actuaciones ministeriales realizadas y facilita la trazabilidad de las investigaciones, el seguimiento interinstitucional y la generación de información estadística”, puntualizó.
A este encuentro, realizado en el auditorio del Parque Nacional de Justicia, asistieron, entre otras y otros servidores públicos, Mariana Díaz Figueroa, Fiscal Especializada en materia de Derechos Humanos; Efrén Rodríguez González, Secretario Técnico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; Adriana Lizárraga González, Fiscal Especial en la Investigación de Delitos en Materia de Desaparición Forzada, y Martha Lidia Gómez Gumecindo, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.
