Culiacán, Sinaloa.- La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Unidad de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso (UMECA), desempeña una función fundamental en el sistema de justicia penal al supervisar el cumplimiento de las medidas y condiciones impuestas por la autoridad judicial.
La directora de la unidad, Teresita de Jesús Sepúlveda Rodríguez, explicó que las medidas cautelares tienen como objetivo garantizar la presencia del imputado durante el proceso penal, evitar la obstaculización de las investigaciones y proteger a las víctimas. Estas pueden mantenerse hasta por un periodo máximo de dos años.
Asimismo, señaló que la suspensión condicional del proceso permite al Ministerio Público o al imputado proponer un plan de reparación del daño que garantice los derechos de la víctima. De cumplirse las condiciones establecidas, puede concluirse el proceso penal. Estas medidas tienen una duración mínima de seis meses y máxima de tres años y medio.
Actualmente, UMECA da seguimiento a 3 mil 313 personas imputadas y a cerca de 2 mil víctimas, principalmente por casos de violencia familiar. Para ello, cuenta con 78 servidores públicos distribuidos en las regiones Centro (Culiacán), Sur (Mazatlán), Norte (Ahome) y Centro-Norte (Angostura).
La titular de la unidad destacó que la atención a las víctimas es una prioridad, por lo que se supervisa el cumplimiento de la reparación del daño y se brinda orientación para acceder a servicios de apoyo psicológico mediante instituciones especializadas. Entre las acciones que realiza UMECA se encuentran evaluaciones de riesgo, supervisiones, visitas domiciliarias, llamadas telefónicas y monitoreo permanente, según las necesidades de cada caso.
Entre las medidas cautelares más frecuentes destacan la firma periódica, la prohibición de acercarse o molestar a la víctima, la separación temporal del cargo para servidores públicos y las restricciones para salir de determinada localidad, estado o del país. En cuanto a la suspensión condicional del proceso, son comunes las obligaciones de residir en un lugar específico, evitar contacto con la víctima, abstenerse de consumir bebidas alcohólicas y participar en programas contra las adicciones o tratamientos psicológicos.
Finalmente, Sepúlveda Rodríguez exhortó a las personas beneficiadas con estas medidas a cumplir las condiciones establecidas, al considerarlas una oportunidad para su reintegración social, además de que estos procedimientos no generan antecedentes penales.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa reafirma su compromiso de brindar servicios eficientes que contribuyan al fortalecimiento de la justicia y la protección de las víctimas.
