Culiacán, Sinaloa.-Con 36 votos a favor y 4 en contra, el Congreso del Estado, aprobó la minuta para mantener la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.
Sinaloa aprobó la minuta de la Cámara de Diputados que reforma el artículo quinto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución federal en materia de Guardia Nacional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019.
En la reforma aprobada se establece que en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La disposición de la fuerza armada deberá ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con un enfoque de respeto a los derechos humanos, así como a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
Las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades.
En un plazo no mayor a sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, y hasta la conclusión del plazo señalado, se integrará una comisión bicameral, en los términos que acuerden los órganos de dirección política de las Cámaras del Congreso de la Unión.
La comisión bicameral emitirá dictamen semestral para evaluar la participación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública y deberá señalar aquellas entidades federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en esas labores.
A partir del ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo Federal establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública.
