La Fiscalía General de la República (FGR) procedió penalmente en contra de servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco “N” y Antonio “N”, como probables responsables del delito de omisión, por el incendio en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que costó la vida a 40 migrantes, así lo informó este martes 11 de abril.
Sin precisar nombre y cargo, la FGR dio a conocer que ambos funcionarios habrían incurrido en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo.
Agregó que también se ha procedido penalmente contra los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, quienes se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas en la estación migratoria.
Obteniendo órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso en contra de 5 personas, 3 de las cuales son servidores públicos del INM (una que es personal de la empresa de seguridad privada que ahí operaba y una persona que inició el fuego), todas ellas ya están en prisión.
La FGR dijo que con las pruebas ahí obtenidas, se ha logrado continuar la investigación para determinar las responsabilidades penales de toda la estructura vinculada con esos delitos, tanto dentro del INM, como de la empresa de seguridad privada ya referida.
Se detalló que la FGR ha investigado dos líneas paralelas de información; la primera, dentro de dicho órgano desconcentrado; y la segunda, en el ámbito de la empresa de seguridad privada señalada.
En la investigación de antecedentes, se encontró que, el 31 de marzo de 2020, se dio en otro centro migratorio del INM, en Tenosique, Tabasco, un caso semejante, dando como resultado una persona muerta y 14 lesionados.
Esto generó una recomendación de la CNDH, que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos.
La fiscalía comentó que los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el Instituto Nacional de Migración se siguen cometiendo y parecen indicar un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados.
Por lo que toca a la empresa de seguridad privada y al propio INM, la FGR dijo que ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios.
También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias; y, más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados.
Toda esta serie de conductas ilegales y omisas, aseveró la fiscalía, fueron evidentemente elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia; por lo que la investigación continuará sobre esos aspectos, hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos.
Repatriación de cuerpos
La mañana de este martes 11 de abril, funcionarios del INM encabezados por su titular, Francisco Garduño Yáñez, se trasladaron al Aeropuerto Internacional “Abraham González” de Ciudad Juárez, donde arribaron las carrozas funerarias que trasladaban a las personas fallecidas, 17 de Guatemala y seis de Honduras.
Asistieron autoridades como el canciller de Guatemala, Mario Búcaro Flores; y el Vicecónsul de Honduras, Darwin Medina, quienes permanecieron al lado de los familiares de los fallecidos.
Cabe señalar que, tanto familiares como autoridades de Guatemala y Honduras, viajaron en los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) para acompañar a sus connacionales hasta llegar a su país de origen.
