El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco “G”, acudió este martes a la audiencia de imputación por el incendio en la estación provisional en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó como saldo 40 personas migrantes sin vida y 27 lesionados.
La audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) busca imputarlo por los eventos sucedidos el pasado 28 de marzo, tiene lugar luego de numerosas irregularidades en audiencias previas.
En la audiencia de este martes, la autoridad judicial decidirá si hay pruebas suficientes para seguir escalando en la cadena de mando del INM.
La FGR acusa al máximo responsable del INM de incumplir su obligación de proteger a las personas migrantes bajo su custodia, por lo que durante la audiencia de imputación se presentarán los cargos formales en su contra y las pruebas para avalarlos.
Horas después, otro juez deberá decidir si procesa o no por ejercicio ilícito del servicio público al otro directivo involucrado, Antonio Molina, encargado de los procesos de verificación migratoria.
Empresa privada contratada por el INM
La defensa de Francisco “G” intentará demostrar que no son los directivos quienes fallaron el día del incendio.
“El actuar de ambos y de todo el Instituto fue el adecuado”, indicó Uno de sus abogados, Rodolfo Pérez, quien trasladó toda la responsabilidad a la empresa privada que estaba a cargo de la seguridad de las instalaciones.
La compañía había sido contratada por el INM y, según la investigación, incurrió en numerosas irregularidades generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios.
Dos de los vigilantes presentes en las instalaciones el día del incendio están libres. La FGR sólo informó de una orden de captura pendiente.
Salvador González
El funcionario de más alto rango procesado hasta ahora ha sido el militar retirado que era jefe del INM en el estado de Chihuahua, el contralmirante Salvador González.
González está acusado de ejercicio ilícito del servicio público, lesiones y homicidio por omisión y se encuentra en prisión preventiva al igual que otros cinco agentes migratorios, un guardia de seguridad privado y la persona migrante que presuntamente inició el fuego.
El juez consideró que González era el responsable de las instalaciones siniestradas, que no vigiló que se cumplieran las normas contra incendios ni que las personas migrantes tuvieran condiciones de estancia dignas.
También dijo que el militar avaló que los extranjeros estuvieran encerrados con candado como si el centro fuera una “prisión preventiva” y recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró inconstitucional detener a las personas migrantes por más de 36 horas, un periodo que se había superado en muchos casos.
