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”Deben investigarse ataques a periodistas, políticos y activistas sinaloenses, presuntamente por encargo del líder del PAS”: Imelda Castro

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Ciudad de México.- Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se solidarice con los medios de comunicación de Sinaloa, Noroeste y Revista Espejo, así como los nacionales, Animal Político y Sin Embargo, ante campañas de desprestigio de las que son víctimas por parte del principal dirigente político del Partido Sinaloense (PAS), Héctor Melesio Cuen Ojeda.

La senadora de la República Imelda Castro Castro presentó un punto de acuerdo en el que se exhorta a las autoridades a investigar a los agresores e implementar sistemas de prevención y alerta oportuna para evitar que se escale de la estigmatización a la agresión física directa.

También se exhorta al Gobierno del Estado de Sinaloa a actuar en el marco de sus atribuciones y condenar enérgicamente los hechos que afectan a los derechos humanos y a la libertad de prensa.

“La libertad de prensa y expresión son fundamentales para una sociedad democrática. Por ello, es necesario proteger a los periodistas y garantizar que puedan realizar su trabajo sin temor a represalias o violencia”, destacó Imelda Castro.

La intención, precisó la legisladora morenista de Sinaloa, es reforzar la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, por ello se exhorta al Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa para que active y refuerce los sistemas de prevención y alerta oportuna que eviten que los ataques dirigidos a periodistas y activistas pase a la agresión física directa.

Se menciona que Cuén Ojeda es fundador y dirigente del Partido Sinaloense (PAS), que su comportamiento público y el de su grupo han sido abiertamente intolerantes a expresiones periodísticas y de opinión que no les favorece. Prueba de ello son las querellas legales promovidas contra comunicadores, columnistas y caricaturistas, así como campañas de difamación, desprestigio y acoso contra académicos y adversarios políticos a través de una red de medios y plataformas digitales que presumiblemente son financiados con recursos públicos que recibe su partido.

El punto de acuerdo busca proteger la libertad de prensa y expresión en Sinaloa y garantizar que los periodistas puedan realizar su trabajo sin temor a represalias.
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