La ONU señaló en un informe que el arraigo y la detención arbitraria contribuye a que 90 mil personas detenidas no tengan sentencia.
En México hay 90 mil personas privadas de la libertad sin sentencia, cerca del 50% están sujetas a prisión preventiva oficiosa, advirtió el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.
En un informe que presentaron este martes, luego de la visita que al país en septiembre del 2023, detalla que la detención arbitraria y el arraigo siguen siendo prácticas generalizadas en el país. Además, existen deficiencias en el sistema de justicia penal
Para combatir estas problemáticas, el documento indica que es esencial contar con un Poder Judicial independiente e imparcial.
Ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el grupo de expertos consideró preocupante la prisión preventiva oficiosa, la cual, indicó, es excesivamente prolongada. Esto, al detectar que hay personas que han pasado más de cinco años en la cárcel bajo esta figura, lo que ha contribuido a que, hasta julio de 2023, hubiera cerca de 230 mil personas privadas de la libertad.
También alertaron sobre la militarización de la seguridad pública. Según el informe, hay 100 mil soldados destinados a tareas policiales y de control migratorio. Esto, aseguraron, está estrechamente relacionado con el aumento de la violencia contra las personas detenidas, las desapariciones y homicidios. Sin embargo, las personas detenidas por personal militar, son sometidas a graves actos de violencia y tortura.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria visitó México. Hoy ha presentado su Informe, el cual ofrece una oportunidad. Considera que hay cambios positivos; sin embargo, observa que la #DetenciónArbitraria es una “práctica generalizada”.
👉🏽https://t.co/m7ZhwCSTjb pic.twitter.com/RRKERwV9CL— ONU-DH México (@ONUDHmexico) September 17, 2024
ONU señala ataques a independencia judicial desde gobierno
Por otra parte, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU se refirió a los ataques a la independencia judicial desde el Gobierno Federal. De acuerdo con los expertos, las menciones públicas de jueces que han emitido decisiones o sentencias contrarias a las políticas gubernamentales socavan la capacidad del Poder Judicial para llevar a cabo su trabajo de forma independiente, sin temor ni favoritismo.
Por ello, les preocupa que esto haya contribuido a la persistencia de un gran número de casos de detención arbitraria, tanto a nivel federal como estatal.
Finalmente, denunciaron que desde 2006, México adoptó un enfoque mucho más punitivo hacia el uso personal de drogas y la venta al menudeo. Señalaron que ha habido un aumento en el encarcelamiento de consumidores de drogas. No obstante, el grupo constató durante su visita constató que fuerzas de seguridad fabricaron cargos contra personas al colocar drogas en sus hogares, vehículos, bolsos o ropa.
Recomendaciones de la ONU
El informe enlista 27 recomendaciones enfocadas en el sistema penal y en grupos específicos como adolescentes, pueblos indígenas, personas migrantes y personas con discapacidad psicosocial. Entre estas destacan:
- Establecer un mecanismo de diálogo con organizaciones de derechos humanos, familiares y víctimas de detención arbitraria
- Derogar la prisión preventiva oficiosa y la figura del arraigo de la Constitución
- Garantizar la independencia judicial, adoptando medidas específicas para proteger a las y los jueces de cualquier forma de influencia política en su toma de decisiones. Esto, a través de la adopción de procedimientos claros y criterios objetivos para su nombramiento, suspensión y remoción.
- Investigar a los mandos responsables de casos de detención arbitraria, así como reparar y garantizar el pago de indemnizaciones a las víctimas.
- Cesar con la política punitiva de fabricación de culpables.
Con información de Imer Noticias