La Fiscalía de Argentina involucró el viernes (05.08.2022) a Máximo Kirchner, hijo de la actual vicepresidenta Cristina Fernández, en el juicio en que se le acusa de presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública cuando era presidenta.
En el tercer día de alegatos, el fiscal Diego Luciani mostró nuevos mensajes del teléfono celular del exfuncionario José López para decir que “está más que clara la intervención directa” de Máximo Kirchner, del que recordó que hasta diciembre de 2015 no había ejercido cargos públicos, pero sí se “encontraba al frente de la administración de los distintos negocios de su madre”.
Fernández está procesada por el presunto delito de asociación ilícita y defraudación en perjuicio a la administración pública.
En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz.
El Ministerio Público “tiene por acreditado” que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado “una asociación ilícita de características singulares” y de forma “piramidal” que tuvo “en su cúspide a quienes se desempeñaron como jefes de Estado”, dijo Luciani al iniciar su alegato el lunes pasado por videoconferencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Buenos Aires.
El fiscal afirmó que se ha probado que Néstor Kirchner y Cristina Fernández “instalaron y mantuvieron en el seno de la Administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinaria” que se haya desarrollado en el país.
Este viernes, agregó que el argumento de la defensa de Fernández fue que todos los proyectos habían sido avalados por el presupuesto aprobado en el Congreso: “Está claro que esto no es así”.
“Hubo desvío de ingentes sumas de dinero hacia Lázaro Báez, se buscó encubrir la falta de capacidad de la empresa, en una maniobra grosera”, afirmó el fiscal y aseguró no poder creer “cómo pudieron pasar inadvertidos semejantes actos de corrupción”.
En uno de los casos, puso como ejemplo, la obra “debió realizarse en 36 meses, tardó 90 meses, se constataron sobreprecios, abandonaron la obra y se convocó a una nueva licitación”.
Luciani añadió que hubo un direccionamiento y apuró por cerrar y cobrar la última licitación de obra pública en Santa Cruz hacia el final de la presidencia de Fernández y que existió una intervención del hijo de la vicepresidenta recorriendo las obras, pidiendo información o definiendo la ubicación.
