Tal como había anunciado, Trump llegó a la presidencia de EE.UU. con un drástico paquete de medidas. DW habló con Douglas Interiano, experto en política migratoria, sobre qué les espera a los extranjeros en este país.
La declaración de emergencia nacional en la frontera con México, en su primer día de gobierno, da la pauta de las prioridades de Donald Trump en su retorno a la Casa Blanca. El mandatario busca desplegar fuerzas militares, cerrar la frontera y acelerar las deportaciones.
Otras medidas incluyen la suspensión de la aplicación CBP One, que permitía a los extranjeros pedir una entrevista para presentar su caso de asilo. Además, se restituye la política migratoria ‘Quédate en México’, instituida por Trump en su primer período y luego suspendida por Biden.
Termina con la práctica del “atrapar y soltar”, en que las personas detenidas, si cumplían con ciertos criterios legales de índole humanitaria, eran liberadas. Asimismo, el mandatario anunció la deportación de millones de extranjeros con antecedentes criminales.
El abogado estadounidense Douglas Interiano nació en México y es hijo de madre salvadoreña. Él mismo fue migrante, residente y luego obtuvo la ciudadanía estadounidense.
Interiano es fundador y director de Proyecto Inmigrante, en Dallas, una institución sin fines de lucro, acreditada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que trabaja desde 2005 ofreciendo asistencia legal migratoria a familias de escasos recursos de más de 55 países, representando y reunificando familias en Estados Unidos.
DW: ¿Qué opinión tiene sobre las medidas impuestas por Trump?
Douglas Interiano: Para empezar, son punitivas y restrictivas. Esta Administración viene con una mano más dura y crítica de la anterior, porque la frontera no habría estado protegida, según ellos.
Viene con la promesa y el argumento de que es un mandato del pueblo estadounidense que controle la frontera y saque a los criminales. Pero si este país florece y crece es por los migrantes.
No podemos simplemente sacar a criminales y con ellos llevarnos a todo el mundo. Tenemos que ser racionales en la aplicación de la ley, identificar la manzana podrida, sacarla y dejar a los demás que aman a este país y contribuyen de muchas formas, económicamente, en mano de obra y en muchos aspectos de la sociedad. Hoy día los migrantes son parte de la fábrica de este país.
“Un balde de agua fría para la comunidad migrante”
¿Qué podemos esperar en estos primeros meses de la administración Trump?
Van a ser un poco complicados. Nos queda claro que lo que se nos viene es algo más complejo de lo que pensábamos. Vemos esfuerzos más restrictivos y punitivos por remover a personas, especialmente las que llegan recientemente, y esto va a llevar a la ampliación de centros de detención.
Incluso hemos escuchado sobre la aplicación de la ley del enemigo extranjero y la utilización de las instalaciones militares, además de la orden ejecutiva que planea terminar los derechos que tiene el ciudadano que nace en este país de padres indocumentados. Todo esto es un balde de agua fría para la comunidad inmigrante.
¿Son legales o constitucionales estas medidas?
En su anterior mandato, Trump dictó más de 400 órdenes ejecutivas y, aparentemente, también va a gobernar a través de ellas esta vez. No necesariamente quiere decir que tienen peso constitucional y no pueden crear derecho migratorio. Por ejemplo, la décimocuarta enmienda de la Constitución da el derecho a ser ciudadanos norteamericanos a quienes nacen en este país y la Corte Suprema así lo ha reconocido.
¿Podemos esperar un aumento de la revisión de estos conflictos en la justicia?
Ya se encuentran demandas en los tribunales desafiando el hecho de que el presidente quiere otra vez, a través de la utilización de un papel y una pluma, hacer desaparecer los programas.
Si las órdenes ejecutivas, como vemos, van en contra de la Constitución, los tribunales van a determinar la inconstitucionalidad. Me temo que vamos a pasar cuatro años en litigios en los tribunales correspondientes por este tipo de órdenes ejecutivas.
¿Qué implican estas órdenes para las personas que actualmente viven en EE.UU., quiénes estarían en riesgo?
En la administración anterior había prioridades de deportación, como la amenaza a la seguridad nacional y a la seguridad pública, y para los recién ingresados a los EE.UU.
En la nueva administración no vemos una prioridad de deportación; vemos que se enfocaría en todos. Tenemos personas que han estado incluso por 30 o 40 años, que no tienen un registro penal y contribuyen a la sociedad, y que, sin embargo, podrían terminar deportadas y en un país que ya no es el de ellos, porque han estado ausentes.
Veríamos también separaciones de familias. Y, por supuesto, hay quienes no tienen ningún estatus migratorio, que son la mayoría, más de 11 millones, pero que no tienen otra forma más que vivir en las sombras y estar fuera del radar de las autoridades que buscan deportarlas.
En peligro los TPS y los DACA
¿No es solo una amenaza para las personas en situación irregular o indocumentadas?
Dentro de estas restricciones, vemos el peligro para quienes están bajo el programa de protección temporal, TPS. Son migrantes de 17 países que hoy están amparados con un permiso de trabajo y podrían perderlo si el presidente decide terminar los programas.
También los estudiantes que llegaron en la infancia a EE.UU. y están en el programa DACA, otorgado a los soñadores por el presidente Obama en 2012. Su estatus migratorio pende de un hilo, porque no está seguro qué planea hacer Trump con ellos.
Además, aquellas personas que esperan la resolución de asilo. No sabemos qué tan acelerados van a ser los procesos de escuchar sus casos, qué tan pronto podrían ser deportados.
Y para los que intentan ingresar a EE.UU., ¿qué representa esta declaración de emergencia en la frontera?
Significa que ya no existe un proceso ordenado de ingreso a los EE. UU. como había antes. Ahora tendrían que esperar en México con la política de “Quédate en México” y solicitar asilo en la frontera, lo que significaría en muchas circunstancias esperar meses en un país que no es el de ellos, pasando penurias y sin tener la seguridad de poder ingresar a los EE.UU.
Como país, tenemos una obligación con la comunidad internacional y es proteger a los que están pidiendo asilo y ellos son los que sufrirán más en las fronteras o en México.
El impacto en México
¿Qué consecuencias podría tener para México?
Todavía no tenemos muy claro cómo la nueva presidenta de México va a responder a esta nueva política. Ha dicho que los mexicanos van a ser recibidos con asistencia, pero no sé si ven que también tendrían que lidiar con los migrantes que vienen de otros países y los procesos que tienen que hacer, si existen condiciones de seguridad y de asegurar el bienestar de estas familias mientras se encuentran en espera de asilo.
Son muchas preguntas que iremos contestando a medida que pase el tiempo y la implementación de estas políticas en EE. UU. Va a ser muy interesante ver cómo van a impactar a México y la respuesta que dará este país.
¿Cómo enfrenta usted el creciente discurso global que criminaliza al migrante?
En una sociedad muy polarizada, es una retórica que socava las libertades de los migrantes. Ellos son seres humanos que migran de un país a otro porque tienen la necesidad de hacerlo, ya sea por falta de empleo, cuestiones de índole criminal en sus países de origen, por reunificación familiar o porque están buscando mejores oportunidades de vida.
Migrar no es un delito. Las familias se encuentran atemorizadas, con mucho miedo. No nos oponemos a que se deporte a quienes cometen delitos, pero hay personas que trabajan, pagan impuestos, forman parte de la sociedad y su aporte contribuye al crecimiento de este país.
