La calidad de los alimentos y el entorno ambiental que rodean a la población mexicana enfrentan desafíos cada vez más graves, y esto se traduce en un retroceso en el ejercicio de derechos humanos fundamentales, alertan especialistas. Expertos reunidos en la mesa panel “Derechos humanos y sustancias tóxicas en la península de Yucatán”, organizada por el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (CEPHCIS) de la UNAM, destacaron que las autoridades —en todos los niveles de gobierno— han fallado en garantizar que los alimentos que consumen los mexicanos sean realmente saludables y que el aire y el agua sean seguros.
Residuos tóxicos y afectaciones a la salud
Rodrigo Llanes Salazar, especialista del CEPHCIS, explicó que residuos de plaguicidas altamente peligrosos están presentes no solo en los alimentos, sino también en el agua, el suelo y el aire, afectando directamente a las comunidades, especialmente en zonas con fumigaciones aéreas mediante avionetas o drones. Además, señaló que muchas poblaciones respiraban un aire “pestilente” debido a la presencia de contaminantes relacionados con granjas porcícolas o avícolas.
Derechos humanos en riesgo
Durante el evento, David Lovatón, oficial senior de la Fundación para el Debido Proceso de Perú, advirtió que a nivel global existe una tendencia a debilitar el Estado de derecho y los derechos humanos, con crecientes discursos que priorizan otras soluciones a problemas sociales por encima de estos principios fundamentales.
Por su parte, representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México destacaron que en la península de Yucatán hay una convergencia de fuentes de contaminación que impactan negativamente el derecho a un medio ambiente sano, y que el reconocimiento de estos problemas en el marco del Día de los Derechos Humanos es crucial para impulsar cambios.
Impacto social y ambiental
Los participantes coincidieron en que factores como la instalación de grandes desarrollos inmobiliarios, infraestructuras de transporte, granjas industriales y monocultivos han contribuido al deterioro ambiental y al debilitamiento de los derechos de las comunidades locales, con implicaciones que podrían extenderse a futuras generaciones.
Este tipo de análisis pone de manifiesto la urgencia de implementar políticas públicas efectivas que garanticen no solo el acceso a alimentos nutritivos y suficientes —como lo establece la Constitución y estándares internacionales sobre el derecho a la alimentación— sino también su inocuidad y sustentabilidad ambiental para la protección integral de los derechos humanos.
Con información de Agronoticias
