Culiacán, Sinaloa.- Con 33 votos a favor y tres abstenciones, el Congreso del Estado aprobó el dictamen que establece nuevas penas de 15 a 25 años de prisión para el delito de extorsión.
Esto fue integrado por cuatro iniciativas presentadas, una por el gobernador Rubén Rocha Moya, también el Partido Sinaloense (PAS) y las diputadas Juana Minerva Vázquez González y Erika Rubí Martínez Rodríguez, de Morena.
La reforma tiene como objetivo establecer mecanismos de coordinación entre autoridades estatales, así como reglas y procedimientos mínimos para la investigación, persecución, sanción y ejecución penal del delito de extorsión.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa subió al pleno para dar su posicionamiento a favor del dictamen y señaló que estas medidas son necesarias para armonizar la ley estatal con la federal y fortalecer el combate a la extorsión en Sinaloa.
“Es atacar un delito que afecta a la población y que sabemos que a veces desde los centros penitenciarios se hacen las llamadas de extorsión, sabemos que ha crecido la extorsión por medios digitales, que hay a veces esta incidencia y bueno el responder el crear una Ley espejo, una Ley en Sinaloa contra la extorsión que regule pues es estar atentos y al pendiente de la seguridad de la población”.
Esta nueva reforma aprobada contempla que la pena se incremente hasta en una mitad cuando la extorsión sea cometida por una asociación delictuosa o por un servidor público de cualquier ámbito de la administración o corporación policiaca.
En estos casos también se aplicará la destitución e inhabilitación hasta por cinco años.
Las sanciones también aumentarán hasta en una mitad más cuando la víctima sea menor de edad, persona mayor de 60 años, con discapacidad, indígena o mujer embarazada; cuando intervengan personas armadas o con instrumentos peligrosos; o cuando se ejerza violencia física o daño psicológico.
