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Congreso mexicano extiende militarización de seguridad pública hasta 2028

El oficialismo de izquierda, sus aliados y el opositor partido PRI impulsaron la polémica enmienda, que ahora debe ser votada por el Senado

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La Cámara de Diputados de México aprobó el miércoles (14.09.2022) una reforma que extiende hasta 2028 la participación del Ejército y la Marina en operativos de seguridad ciudadana, en medio de denuncias sobre una creciente militarización del país.

El plazo finaliza en 2024, pero el oficialismo de izquierda, sus aliados y el opositor PRI impulsaron la enmienda que ahora debe ser votada por el Senado. La reforma fue aprobada con 335 votos a favor, 152 en contra y una abstención.

Durante la discusión Pablo Sandoval, del oficialista Morena, defendió la reforma y sostuvo que es necesario que las fuerzas armadas “actúen de manera complementaria” en las labores de seguridad pública.

Esta “es una herramienta indispensable para que sea eficaz combate al crimen organizado”, alegó.

Por su parte, María del Refugio Camarena, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que las policías regionales están “rebasadas” por el crimen organizado.

Uno de los pronunciamientos en contra lo hizo el diputado Ignacio Loyola, del Partido Acción Nacional (PAN, conservador). “El ejército no está preparado para fungir las funciones de prevención y de seguridad pública”, sostuvo.

El pasado 9 de septiembre Morena y sus aliados aprobaron una reforma que transfiere el control de la Guardia Nacional, actualmente bajo mando civil, a la secretaría de la Defensa.

La enmienda fue propuesta por el presidente Andrés López Obrador como parte de su estrategia para combatir al crimen organizado y la ola de violencia que golpea al país desde hace más de 15 años.

Sin embargo, defensores de derechos humanos han criticado esta iniciativa que, según ellos, provocaría más violencia.

La Guardia Nacional, creada en 2019, está conformada por 115.000 elementos de formación militar. Al ser formada se estableció una cláusula que indicaba que “durante los cinco años siguientes el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria”.

México está envuelto en una espiral de violencia ligada al crimen organizado que ha dejado unos 340.000 muertos desde 2006, cuando se lanzó un polémico operativo militar antidrogas.

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