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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) comenzó a tratar este jueves la responsabilidad del Estado argentino en relación al atentado a la mutual judía AMIA en 1994, y la impunidad en la que se encuentra la causa judicial, en una audiencia pública en Montevideo.
En el marco del 153 período de sesiones de la CorteIDH que tiene lugar esta semana en Uruguay, los jueces abordan la denuncia de la Asociación Civil Memoria Activa -compuesta por familiares de víctimas- que acusa al Estado de no haber prevenido el hecho y no haber investigado de manera adecuada y efectiva.
“La frustración es el mayor sentimiento” en la causa AMIA, dijo ante el tribunal Adriana Reisfeld, presidenta de Memoria Activa y quien perdió a su hermana Noemí debido al ataque que dejó 85 muertos y 300 heridos.
En el primero de los dos días de audiencia pública, Reisfeld aseguró que “ninguna de las fiscalías que actuaron durante todos estos años acompañó a los familiares” y dijo que espera que tras el proceso en la Corte al fin se consiga justicia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró, al pasar el caso a la Corte, que el Estado “conocía la existencia de una situación de riesgo sobre sitios identificados con la comunidad judía argentina” y “no adoptó las medidas razonables para evitar” ese peligro.
Asimismo, adujo que se cometieron “grandes irregularidades” por parte de los órganos estatales que dirigieron la investigación, la cual se desvió deliberadamente por más de ocho años.
La CIDH consideró además que existe “una demora irrazonable” tanto en la investigación del atentado como de los posteriores encubrimientos.
El atentado bomba del 18 de julio de 1994 a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) derrumbó completamente su edificio de ocho pisos en el barrio Once, tradicional de la numerosa colectividad judía de Buenos Aires.
La justicia argentina determinó que los principales sospechosos del ataque son los gobernantes iraníes de aquel momento, entre ellos el expresidente Ali Rafsanjani.
No hay detenidos por el caso ni se han logrado esclarecer aún los motivos del atentado.
Un juicio sobre el ataque finalizó en 2019 con penas leves para funcionarios judiciales y del gobierno del expresidente Carlos Menem (1989-99), declarados culpables de “encubrimiento” del atentado, pero sin determinar la razón del ocultamiento de pruebas ni de la desviación de las investigaciones cometidas por los encubridores.
Órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH investiga casos que presenta a la CorteIDH cuando determina que hubo violaciones a los derechos humanos no subsanadas por los estados.
Los fallos del tribunal, con sede en San José de Costa Rica, son definitivos e inapelables.
