Dina Boluarte fue destituida como presidenta de Perú el pasado 9 de octubre luego de que el Congreso de la República aprobara la moción de vacancia por incapacidad moral permanente, lo que marca el fin de un mandato ilegítimo teñido de violencia política, enriquecimiento ilícito y descontento social.
Dina Ercilia Boluarte Zegarra se convirtió en la primera mujer mandataria del país andino el 7 de diciembre de 2022 luego de que el Congreso peruano destituyera al expresidente Pedro Castillo por su anuncio de disolver la Cámara y llamar a un “gobierno de excepción” tras meses de trabas sistemáticas a su Gobierno por parte de múltiples legisladores.
Aquella jornada estuvo marcada por un caos político en el que Castillo propuso una convocatoria a elecciones para establecer un Congreso “con facultades para elaborar una nueva Constitución”. Estas acciones por parte del entonces presidente se anticiparon a un debate y votación en el pleno de Congreso en el que se discutiría una moción de vacancia en su contra, por lo que fueron calificadas como un intento de golpe de fuerza contra ellos.
Tras estos hechos, el Congreso de Perú rechazó la disolución y convocó a un pleno a las 12:30 hora local, lo que detonó una oleada de dimisiones de los ministros de Trabajo, Exteriores, Economía, Justicia y Defensa, así como una negativa de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional a la decisión de Castillo bajo el argumento de que “acatarían la Constitución”. Para el final de la jornada, con 101 votos a favor Castillo fue destituido del cargo y detenido por el “presunto delito de rebelión”.
El mandato presidencial de Boluarte arrancó en medio de movilizaciones en contra de la detención del exmandatario y el ascenso de la peruana en todo el país; mismas que provocaron la muerte de al menos 60 personas y dejaron decenas de heridos.
Durante este periodo Dina Boluarte decretó 60 días de estado de emergencia nacional, declaró la inmovilización social obligatoria por cinco días en 15 regiones del país y al menos dos integrantes de su Gabinete presentaron su renuncia a tan solo dos días de su presentación.
Al tiempo, la exigencia internacional por la liberación de Pedro Castillo se hizo vigente. Países como México, Colombia, Argentina y Bolivia manifestaron su respaldo al maestro rural y exhortaron al Estado a “abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”.
En nuestro país, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador emitió una declaración el mismo día de la destitución a través de sus redes sociales. Señaló que:
“Consideramos lamentable que, por intereses de las élites económicas y políticas, desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución con el sui géneris precepto de ‘incapacidad moral’. Ojalá se respeten los derechos humanos y haya estabilidad democrática en beneficio del pueblo”.
Esta negativa a legitimar la presidencia de Boluarte permaneció inamovible durante todo el sexenio de López Obrador, quien en mayo de 2023 rechazó entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú pues consideraba que “fue un golpe de Estado técnico […] y creo que fue un acto ilegal, arbitrario, antidemocrático, no se respetó la voluntad del pueblo de Perú”.
Durante el mandato de Dina Boluarte el Congreso de Perú aprobó el ingreso de militares de Estados Unidos y Japón a su territorio con armamento de guerra en el marco de un intercambio bilateral de operaciones en la selva con las Unidades Operativas de la Comandancia General de Operaciones de la Amazonía.
Para entonces, su figura como jefa de Estado ya había resultado bastante erosionada, sin embargo, a ello se sumaron acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito que minaron aún más la imagen presidencial. Boluarte fue señalada por la Fiscalía de la Nación por no declarar varios relojes y joyas de lujo de marcas como Rolex y Cartier, además de presuntamente haber recibido donaciones y beneficios indebidos durante su gestión. Aunque ella negó los cargos, las investigaciones incluyeron allanamientos a su vivienda y al Palacio de Gobierno, alimentando la percepción de un gobierno marcado por el doble discurso.
A pesar de haber transcurrido ya más de dos años de la presidencia de Boluarte, el respaldo y la lucha de Pedro Castillo no cesó. Claudia Sheinbaum ya como presidenta de México manifestó su apoyo a Pedro Castillo con el recibimiento de Guido Croxatto, abogado de Castillo, en Palacio Nacional el 20 de febrero de 2025, cuando afirmó que “deben prevalecer la justicia, la democracia y el respeto a los derechos humanos”.
Posteriormente, Sheinbaum sostuvo un nuevo encuentro con Croxatto el 29 de agosto, momento en el que envió un mensaje más amplio a favor del expresidente:
“En nombre de México, expreso mi más profunda solidaridad con él y su familia, porque sabemos que su situación no sólo es un caso personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región. La Organización de las Naciones Unidas debe actuar con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia. La libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos”.
Finalmente, cuestionada sobre la reciente destitución de Boluarte, Claudia Sheinbaum reiteró su solidaridad con Castillo así como la exigencia para su liberación este 10 de octubre.
Durante la Mañanera del Pueblo, señaló que:
“Consideramos que fue un golpe de Estado el que destituyó al presidente (Pedro) Castillo. Nuestra solidaridad siempre con él. Y, pues, creo que fue por unanimidad, ¿verdad? La destitución [de Boluarte]. Pero nuestra insistencia de que se libere a Castillo y tenga un juicio justo”.
Con información de SPR
