Una explosión estremeció el último domingo a los vecinos del barrio Cristo del Consuelo, de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. El atentado dejó cinco muertos, unos 20 heridos y ocho viviendas destruidas. Pocas horas después, el Gobierno de Guillermo Lasso, que atribuyó el atentado al crimen organizado ligado al narcotráfico, declaró el Estado de Excepción en la ciudad. Sin embargo, este no es un hecho aislado en dicha región.
En mayo pasado, un auto con explosivos estalló en los exteriores de una Unidad de Policía Comunitaria y en abril otro vehículo detonó frente a la Cárcel Regional de Guayas, ambos sin dejar víctimas mortales. Además, también se detectaron explosivos listos para estallar en entidades como la Fiscalía o el Consejo de la Judicatura. El ataque de este domingo, informaron medios locales, se debe al enfrentamiento entre bandas que se disputan el control del microtráfico de drogas en el lugar.
“Existe un aumento de la violencia y la inseguridad en Ecuador, sobre todo vinculada al narcotráfico y la delincuencia organizada, y principalmente en las provincias de Guayas, cuya capital es Guayaquil, Manabí y Esmeraldas, fronteriza con Colombia”, explica desde Quito a DW la analista política Carolina Andrade, de la Red de Politólogas “No sin Mujeres”. De hecho, según cifras oficiales, desde el inicio de 2022 se han registrado 197 eventos con artefactos explosivos. Y el 49 por ciento ocurrieron en Guayaquil, Durán y Samborondón.
Vínculos internacionales
Pero también en las provincias de El Loro y Los Ríos se ha observado un gran avance del crimen organizado. “Personas de esas zonas fueron desmembradas y colgadas en puentes. Estos hechos no se veían antes aquí y solo se conocía de otros países, como México”, asegura la experta Andrade.
Por su parte, el politólogo ecuatoriano César Ulloa-Tapia recuerda que entre las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas existe un común denominador: “Las tres tienen puertos, es decir, son lugares desde donde se transporta droga. Pero esta ola de violencia, que se ha agudizado en los últimos tres años, no solo abarca la comercialización de la droga, sino también de sicariato. Además, no hay que olvidar que estamos ubicados entre los mayores productores mundiales de cocaína, Colombia y Perú”.
A pesar de que aún no se ha informado oficialmente, según la politóloga Andrade, detrás de este último atentado estarían bandas ecuatorianas denominadas Los Tiguerones, Los Lagartos o Los Choneros, que antes eran parte de una organización mucho más grande. “Estos grupos locales se articulan y cumplen un rol de proveedores a los mercados internacionales vinculados, por ejemplo, con el Cártel Jalisco Nueva Generación”, sostiene la analista ecuatoriana.
Estado de excepción, solución “parche”
El nuevo Estado de Excepción declarado por Lasso es el tercero durante su mandato. El último fue en abril, cuando en paralelo se registraron también ataques con explosivos. “Esa no es una solución a mediano y largo plazo, es una solución ‘parche’ que ya se tomó en su momento solo como una estrategia de contención”, indica Andrade.
Para Ulloa-Tapia, los Estados de Excepción han demostrado que si bien queda en la opinión pública una sensación de que el gobierno actúa, no han tenido la efectividad del caso, sino no se tendría que recurrir con tanta frecuencia a ellos. “Algo que dificulta también el combate contra el crimen organizado es la débil institucionalidad en el sistema de Justicia, porque cada vez se va ratificando con evidencias que hay una infiltración, y posiblemente también en las Fuerzas Armadas y la Policía”, cuenta el politólogo a DW.
Lo que se requiere urgentemente, en opinión de la analista Andrade, es una estrategia “de intervención integral con presencia efectiva del Estado, con ministerios, como el de Inclusión Económica y Social, mientras se fortalecen las capacidades a nivel de inteligencia e investigación especial”.
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