La Fiscalía General del Estado acusó que funcionarios de la Casa Rosalina no licitaron la compra de 45.5 millones de pesos de producto a una tortillería entre 2020 y 2022.
Culiacán, Sinaloa | Por compras ilegales de tortillas, totopos, tostadas, tortillas de harina y nixtamal por 45 millones 526 mil pesos a un proveedor entre 2020 y 2022, al adquirirlas de manera directa y no por licitación pública, la Fiscalía General del Estado acusó al rector Jesús Madueña Molina y al ex rector Juan Eulogia Guerra Liera de Ejercicio indebido del servicio público.
También formuló imputación pero por el delito de Desempeño irregular de la función pública a los integrantes de los Comités de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas de ambos rectorados, debido a que no evitaron lo que consideran un grave daño al patrimonio de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Entre los datos de prueba expuestos por la Fiscalía durante la audiencia inicial ante el juez de control Adán Alberto Salazar Gastélum, indican que la práctica de facturación de compras simuladas de tortillas para casas del estudiantes, se mantuvo entre marzo de 2020 y octubre de 2021, periodo en que por pandemia cerraron dichos centros.
Los representantes sociales exhibieron que en algunas comprobantes fiscales se acredita que la UAS facturó a sobreprecio; expusieron como ejemplo una factura, de octubre de 2022, donde se puso a 60 pesos el kilogramo de tortilla cuando en ese periodo estaba en 25 pesos el precio comercial al público. De acuerdo con la FGE fue una práctica recurrente.
EL PROVEEDOR
Durante estos tres años, la UAS autorizó compras por 45 millones 526 mil 180 pesos al proveedor Jorge Chaidez Monarrez, propietario de 4 tortillerías denominadas “Chamonos”, las cuales se ubican una en la colonia Chulavista, otra en Las Coloradas y dos en la ‘Renato Vega Amador’.
Dicho proveedor emitió entre 2020 y 2022 un total de 1,501 facturas a la UAS, mismo periodo en que recibió 134 transferencias electrónicas por un total de 24 millones 666 mil 070 pesos, cifra muy por debajo de los 45 millones 526 mil 180 que se reportó como gasto.
La tortillas que se facturaron (bajo el concepto también de totopos, tostadas, tortillas de harina y nixtamal, aunque cuando no vende estos productos) eran para las siguientes casas del estudiante: Angosturense Varonil (que está abandonada), La Sanalona, Hotel Díaz, Aministia, Tutelar, Sánchez Hirales; José Martí, Angosturense Femenil y para la Facultad de Agronomía.
ASÍ AUTORIZARON LAS COMPRAS
En 2020 los miembros del Comité de adquisiciones Manuel de Jesús Lara Salazar, Norma Alicia Aguilar, Ismael García, Jorge Perez Rubio y Óscar Orlando Guadron autorizaron la compra de tortillas, totopos, tostadas, tortillas de harina y nixtamal por 17 millones 727 mil 500 pesos a la empresa “Chamonos” propiedad de Sergio Chairez Monarrez, pero ese año solo le pagaron 7 millones 267 mil 700 pesos.
En 2021 pero entre enero y junio, ese mismo Comité autorizó la compra de 10 millones 380 mil pesos. Y entre julio y diciembre del 2021, pero con otros integrantes como son Hector Melesio Cuen Diaz, Soila Marivel Gaxiola, Salvador Pérez, Jorge Pérez Rubio y Oscar Orlando Guadron autorizaron compras por otros 8 millones 304 mil 400 pesos.
En total le autorizaron la compra de 18 millones 684 mil 400 pesos pero solo le pagaron 16 millones 293 mil 400.
Para el 2022, este último comité aprobó compras por 9 millones 114 mil 280, pero el duelo de “Chamonos” sólo recibió pagos por 1 millón 104 mil 970 pesos.
Esos datos fueron presentados en la solicitud de vinculación, donde la Fiscalía advirtió que los servidores públicos de la UAS rebasaron los montos que marca la Ley como tope para adjudicación directa.
Es decir, en 2020 el tope de ley para adjudicación directa eran 3 millones 350 mil pesos con 1 centavo, y autorizaron 17 millones 727 mil 500 pesos.
En 2021 el límite máximo para compra directa era de 3 millones 465 mil 600 pesos con 1 centavo, y autorizaron 18 millones 684 mil 400 pesos.
Mientras que en 2022 el tope que la ley permitía para adjudicar una compra directa era de 3 millones 710 mil pesos con 1 centavo, y autorizaron 9 millones 114 mil 280 pesos.
En los tres casos los montos exceden y debió haberse hecho la compra por licitación pública. Pero lo más delicado, advirtió la fiscalía, es que se mantuvo la práctica de facturación y pagos por concepto de tortillas, totopos, tostadas, tortillas de harina y nixtamal en periodos en que no había clases por pandemia.
La audiencia inicial que empezó a las 09:19 horas fue declarada en receso casi a las 20:00 horas para retomarse este jueves a las 10:00 horas en la Sede de Justicia Penal Acusatoria y Oral a petición de la defensa para efecto de analizar unos documentos de prueba presentado por el abogado de Jorge Pérez Díaz y analizar si piden la duplicidad del término constitucional para que se defina su situación jurídica.
A su salida del tribunal, el rector Jesús Madueña Molina afirmó que durante la continuación de la audiencia este jueves, habrán de aclarar cada acusación hecha por la FGE, aunque dijo que “ya todos sabemos qué va a pasar”.
