La Fiscalía acusa a la jueza Alejandra Domínguez Santos de obstruir la justicia tras negar la vinculación a proceso de una exfuncionaria implicada en la adquisición ilegal del software de espionaje.
Ciudad de México | La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ha iniciado un recurso de apelación tras la decisión de la Jueza Federal de Control, Alejandra Domínguez Santos, quien resolvió no vincular a proceso a Judith “G”, presunta responsable de la adquisición ilegal del software de espionaje Pegasus en 2014, cuando se desempeñaba como funcionaria en la extinta Procuraduría General de la República (PGR).
Según el comunicado oficial, la audiencia para resolver la situación jurídica de la exfuncionaria se concedió dos años y medio después de un retraso que la FGR califica como ilegal. Durante esa audiencia, la Fiscalía presentó diversas pruebas para sustentar los delitos que se le imputan, entre los que se incluyen:
• Uso indebido de atribuciones y facultades, al incumplir con la obligación de supervisar la contratación ilegal del software, conforme al artículo 18 del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR.
• Peculado, por su presunta participación en el desvío de recursos públicos, sin que mediara riesgo, urgencia o confidencialidad que justificara la compra.
• Fraude equiparado, al incumplir sus funciones y participar en una operación que habría afectado gravemente el patrimonio institucional en beneficio del proveedor.
• Asociación delictuosa, al actuar en conjunto con otros servidores públicos para cometer los delitos mencionados.
La FGR sostuvo que la adquisición ilegal del software Pegasus —por un monto de 460 millones 196 mil 383.64 pesos— se realizó sin justificación legal ni técnica, ocasionando un daño grave e irreparable al erario público.
“A pesar de todas esas pruebas ofrecidas por la Fiscalía, la jueza de Control decidió no vincularla”, señala el comunicado.
Ante esta resolución, la FGR argumenta que no solo ha promovido el recurso de apelación correspondiente, sino que también iniciará una carpeta de investigación contra la jueza Alejandra Domínguez Santos, por posibles delitos en contra de la administración de justicia.
Este caso forma parte de una serie de investigaciones sobre el uso indebido de tecnologías de vigilancia durante administraciones anteriores, en las que diversas organizaciones han documentado abusos relacionados con la adquisición y uso del software Pegasus.
