Casi cien nicaragüenses perdieron “sus derechos ciudadanos de forma perpetua”, en una decisión judicial anunciada el miércoles en la nación centroamericana.
El magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua, Ernesto Rodríguez Mejía, hizo la lectura de la sentencia en una presentación ante los medios de comunicación.
Entre los afectados se encuentran los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, el excomandante de la revolución sandinista Luis Carrión y la activista por los derechos humanos Vilma Núñez.
Sobre los 94 afectados pesaban acusaciones del Ministerio Público.
“(…) téngase a los acusados como traidores a la patria, por lo que se les impone las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública, en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular y la perdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua, respectivamente (…)”, leyó el funcionario.
“Ordénese la pérdida de la nacionalidad nicaragüense de todos los acusados”.
Esto ocurre una semana después de que 222 opositores que estaban presos también fueran declarados apátridas y deportados a Estados Unidos.
En su cuenta de Twitter, Gioconda Belli respondió con un poema de su autoría:
“(De mi poema Nicaragua)
Arranco de tu pelo a los que te venden te roban y te abusan
te cuento cuentos en la esquina de mi almohada
te arropo y te tapo los ojos
para que no veas los verdugos que llegan a cortarte la cabeza.
Palabras digo puesto que son ellas la argamasa de mi vida
y a punta de palabras te imagino una y otra vez renacida
genial, despojada de cuanta polilla te corroe día a día los
cimientos.
y te amo patria de mis sueños y mis penas
y te llevo conmigo para lavarte las manchas en secreto
susurrarte esperanzas
y prometerte curas y encantos que te salven”.
“Paz social”
Las nuevas medidas emanan de las resoluciones a las que llegaron jueces de distritos penales de Audiencias de la Circunscripción de Managua.
“Se ordena la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades que los procesados tengan inscritas a su favor, ya sea a título personal, o de persona jurídica o sociedades en la que participan como socios, para responder por los delitos cometidos”, indicó el magistrado.
“A los acusados se les declara prófugos de la justicia“.
“Todo lo anterior para garantizar la paz social, la seguridad jurídica, la independencia, la soberanía, la autodeterminación del Estado de Nicaragua y, en especial, garantizar la protección a la sociedad nicarguense”.
Otras de las personas afectadas son el excanciller Norman Caldera y el periodista Carlos Fernando Chamorro.
El magistrado Rodríguez dijo que las 94 personas habían sido acusadas por el Ministerio Público de “los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso real con el delito de propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, todos en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüenses”.
Una semana antes
El 9 de febrero, el gobierno de Daniel Ortega liberó a 222 opositores, a los que deportó vía aérea a Estados Unidos.
En la mañana de ese jueves, el magistrado Octavio Rothschuh, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, había hecho pública una sentencia que decretaba la “deportación inmediata y ya efectiva de 222 personas sentenciadas por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo; por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica”.
“Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública”, dijo Rothschuh.
Ese mismo día, Belli, en entrevista con BBC Mundo, admitió el sabor agridulce que supone el hecho de que a las personas liberadas se les haya retirado la nacionalidad nicaragüense por “traición a la patria”.
“Esta gente no fue traidora a la patria: fueron opositores”, dijo.
Ese día también, Ramírez, quien fue vicepresidente de Nicaragua, escribió una columna de opinión en el diario El País que tituló: “Desterrados pero libres”.
“Todos los presos políticos bajo la dictadura, los que subieron al avión que los llevó al destierro, y los que se quedaron, son nicaragüenses ejemplares que hicieron de la cárcel su trinchera de lucha”.
Ambos escritores se encuentran exiliados.
En 2021, la fiscalía de Nicaragua acusó a Ramírez de “lavado de dinero, bienes y activos; menoscabo a la integridad nacional, y provocación, proposición y conspiración”.
“Todos los cargos son risibles“, dijo el ganador del Premio Cervantes 2017, en entrevista con BBC Mundo, el 10 de septiembre de 2021.
“En Nicaragua se cerraron todas las puertas de la democracia”, dijo entonces.
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