Según las autoridades, migrantes prendieron fuego a colchones en protesta por su posible deportación el pasado lunes. Varios habían sido detenidos en las calles de Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, donde pedían dinero, vendían artículos o limpiaban autos. La investigación por “homicidio” abierta el miércoles por las autoridades mexicanas debería arrojar luz sobre las circunstancias de esta tragedia.
“Hartazgo” ante los “malos tratos”
“Ninguno de los servidores públicos ni de los policías de seguridad privada realizaron alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes que se encontraban adentro ya con el fuego”, dijo en rueda de prensa Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.
Un vídeo (ver más abajo) de 32 segundos de las grabaciones de un circuito cerrado de televisión muestra el inicio del incendio el lunes por la noche. Detrás de los barrotes, entre el humo, un hombre da patadas contra una puerta cerrada mientras otro parece estar colocando un colchón en el suelo. En el primer plano, tres agentes se retiran de espaldas a las personas que están entre rejas, sin prestarles ayuda.
“Esto sucedió como resultado de una política de control y de criminalización a la migración que el Gobierno de México ha fortalecido en los últimos años. El hecho de que las personas decidieron manifestarse de alguna u otra manera, pues es una cuestión de hartazgo sobre las malas condiciones en las que están estas estaciones migratorias”, explica a RFI Melissa Vertiz, del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria.
“Son espacios en donde las condiciones se pueden igualar a condiciones de tortura, de malos tratos y que lamentablemente este Gobierno y también los gobiernos anteriores, no han logrado establecer garantías de no repetición. No se han modificado las leyes. Hemos insistido en que, por ejemplo, se debe de eliminar la privación de libertad de las personas por la simple condición migratoria y más bien se deben de promover medidas de regularización migratoria”, detalla Vertiz.
Ocho personas han sido identificadas como presuntas responsables de esa omisión: dos agentes federales y un agente estatal del INM, y cinco miembros de una empresa de seguridad privada, señaló en la misma conferencia la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez. Además, un migrante “es señalado por las mismas personas” con quienes estaba detenido por iniciar el fuego, detalló la fiscal. Este miércoles se pidió a los jueces cuatro órdenes de captura, añadió la fiscal, e indicó que se investiga el hecho como “homicidio”. Los sospechosos “ya están rindiendo sus declaraciones”, dijo.
“Militarización de los controles migratorios”
Las autoridades aún no han dado detalles sobre la nacionalidad de las víctimas. Guatemala dijo el martes que 28 de sus nacionales habían muerto. El Salvador dijo que cuatro personas habían resultado gravemente heridas y pidió que se llevara ante la justicia a los responsables de la tragedia.
“En este sexenio ha habido una militarización de los controles migratorios dándole a la Guardia Nacional las facultades para realizar acciones de control migratorio, cuando en realidad deberían de ser exclusivas del Instituto Nacional de Migración. Se ha militarizado también en el sentido de que se han puesto frente a las delegaciones del Instituto Nacional de Migración a nivel estatal, perfiles de personas militares”, prosigue Melissa Vertiz.
“De hecho, es una bomba de tiempo. Evidentemente tienes a personas a quienes no das una respuesta cuando presentan su solicitud de asilo, personas que son regresadas bajo el título 42, pues evidentemente esto se convierte en una olla express. Y cuando el gobierno la única respuesta que da es tenerles o en estación migratoria o prácticamente en situación de calle, sin una coordinación para dar una respuesta desde una perspectiva de seguridad humana, pues estas son las consecuencias”, concluye.
Como consecuencia de la tragedia, unos 1.000 migrantes intentaron cruzar a pie la frontera entre México y Estados Unidos el miércoles, dijeron las autoridades fronterizas estadounidenses, que añadieron que serían deportados. Entre los migrantes circuló el rumor de que Estados Unidos estaba dispuesto a recibir a algunos de ellos por razones humanitarias.
Desde 2014, unos 7.661 migrantes han muerto o desaparecido de camino a territorio estadounidense, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
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