Cerca de 1.000 de personas se manifestaron este viernes en México para exigir que sean castigados funcionarios involucrados en el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa ocurrida en 2014.
Esta manifestación, que se realiza cada mes y que es encabezada por familiares de los jóvenes, estuvo marcada por reclamos de justicia a la luz de una nueva investigación realizada por el gobierno federal que condujo a la captura, hace una semana, del exfiscal general Jesús Murillo Karam.
“Es un principio, es una esperanza que se tiene para poder llegar a los culpables”, dijo a la AFP Leonor Monroy, una de las manifestantes.
Para esta manifestante el castigo debe alcanzar a Enrique Peña Nieto, quien era presidente cuando ocurrieron los hechos.
En la marcha abundaron carteles en los que se veía a Peña Nieto y mandos militares tras las rejas.
La desaparición se produjo entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando los alumnos intentaban apoderarse de autobuses en Iguala (Guerrero) para viajar a Ciudad de México y participar en unas manifestaciones. Hasta ahora solo han sido identificados los restos de tres de los desaparecidos.
Otras seis personas fueron asesinadas esa noche, incluidos tres normalistas.
Los estudiantes fueron detenidos por policías coludidos con el cartel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron al confundirlos con miembros de una banda rival.
El exfiscal, que el miércoles fue presentado ante un juez, encabezó la investigación sobre el caso que condujo a la denominada “verdad histórica”, que ha sido cuestionada por el actual gobierno y por expertos independientes.
El nuevo informe, relevado la semana pasada, de una comisión para la verdad creada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador señala que altos funcionarios y militares tienen una responsabilidad parcial en la desaparición por no haber intervenido pese a que se tenía conocimiento del destino de los estudiantes.
La nueva indagatoria también señala irregularidades en la pesquisa conducida por Murillo Karam, al que la Fiscalía acusó de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia.
Se ha ordenado la captura de otras 83 personas, incluidos 20 militares y 44 policías.
Este episodio constituye una de las peores violaciones de derechos humanos en México, donde se estima hay unos 100.000 desaparecidos.
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