Un grupo de investigadoras e investigadores piden al gobierno de México que permita la edición genética, como CRISPR, para el mejoramiento de cultivos, a través de una regulación que la distinga de los transgénicos, como sucede en la mayor parte de América Latina.
Hasta ahora, México −junto con Bolivia, Venezuela y Perú− es uno de los pocos países de la región que no tiene una regulación en edición genética para la agricultura, lo que contrasta con países como Argentina y Chile, que fueron pioneros en este tipo de normativas en 2015 y 2017, respectivamente.
Por lo tanto, un grupo de 28 investigadores de distintas instituciones del país lanzaron hace unos días un posicionamiento y una petición en Change.org a favor de una regulación de la edición genética que se base en evidencia científica con el fin de mejorar propiedades de ciertos cultivos, como su calidad nutricional o su resistencia a sequías.
“Nos preocupa que, si en México se limitara el uso de esta tecnología, otros países estarán desarrollando cultivos mejorados que más adelante tendremos que comprar”, dijo a SciDev.Net Luis José Delaye Arredondo, director de la Unidad de Genómica Avanzada del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (UGA-Cinvestav), uno de los firmantes.
Su petición es consecuencia, en parte, de que en marzo de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum firmara un decreto con el que se prohíbe la siembra de maíz transgénico en el territorio nacional, y señala que su cultivo:
“debe ser libre de modificaciones genéticas producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación, como las transgénicas”.
Aunque la prohibición es para el cultivo del maíz, los investigadores consideran que podría extenderse a otros cultivos y a otras técnicas que no necesariamente involucran transgénicos, como CRISPR.
“Regular de manera diferenciada sobre edición genética no significa abrirla indiscriminadamente, es justamente poder hacer un seguimiento de los procesos de innovación y decidir soberanamente sobre eso”.
Alejandra Quadrana, becaria postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México
CRISPR-Cas es una tecnología de edición del genoma que permite a los científicos modificar el ADN de manera específica, silenciando o cortando genes en un determinado punto para corregir errores, estudiar enfermedades, modificar propiedades o crear nuevas aplicaciones en medicina, agricultura y otras áreas.
Agustín López Herrera, ingeniero agrónomo, investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, quien no es parte del grupo que lanzó el posicionamiento, dijo a SciDev.Net que el decreto implica que:
“toda nueva biotecnología está siendo juzgada a priori de que es nociva y perjudicial a su ámbito de uso”, por lo tanto, esta petición “es urgente y adecuada”.
Para Delaye, un desafío para lograr una regulación específica es que “todo se llegue a meter en el mismo costal de transgénicos (…) cuando la edición genética de precisión no involucra transgénicos necesariamente y por lo tanto merece una regulación distinta”.
De acuerdo con este posicionamiento, la edición genética es un conjunto de herramientas que permiten hacer modificaciones puntuales, dirigidas y controladas en la secuencia de ADN de un organismo con el objetivo de modular la expresión o función de un gen. Se distingue de la transgénesis porque no implica la introducción de material genético de otra especie.
Para Alma Piñeyro, especialista en genética molecular e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, esta direccionalidad de la edición genética es justamente lo problemático:
“la selección natural no tiene un proceso de direccionalidad, y estas técnicas sí, además de que típicamente inciden en genes de características genéticas complejas, por lo tanto, sus efectos no esperados se pueden magnificar”.
Lo que defienden quienes piden la regulación es que el resultado de aplicar esta técnica de edición de precisión no es distinto del resultado de una mutación natural, “sólo que con esta tecnología se pueden cambiar las propiedades de algún cultivo con mayor precisión”, explicó Delaye.
“Me parece simplista asumir de antemano que lo que estamos haciendo es algo equiparable a las mutaciones naturales”, respondió Piñeyro. “Cuando salen del ambiente controlado de los laboratorios, las interacciones de las plantas editadas genéticamente van a ser mucho más complejas de lo que podemos anticipar. Eso requiere un análisis multidisciplinario”, advirtió.
Regular caso por caso
En Argentina, el primer país del mundo que tuvo una regulación específica sobre tecnologías de edición genética para mejoramiento vegetal, ocurre una evaluación caso a caso para saber si se aplican los criterios de la transgénesis o no. Si no hay transgénesis, se puede manejar como un producto convencional.
Este es el enfoque que se ha aplicado en la mayoría de países. En Chile, si la autoridad reguladora determina que el producto no contiene ADN proveniente de otro organismo, también se considera como un producto normal.
“No hay que aplicar ninguna medida de bioseguridad, ningún seguimiento, ninguna trazabilidad, no hay que aplicar etiquetado, no hay que hacer nada. Es común y corriente y se trata como tal”, dijo a SciDev.Net Miguel Sánchez, doctor en ciencias biológicas y director ejecutivo de la asociación ChileBio.
Sánchez agregó que, con la edición genética, se reducen los tiempos y los costos para obtener nuevas variedades con el propósito de adaptarnos a los desafíos climáticos y fortalecer la seguridad alimentaria. “Y México hoy día se está quedando fuera del barco”.
“Vamos tarde en la discusión pública de la regulación de la edición genómica, coincido con eso”, dijo Piñeyro.
“Pero hay que aprender del debate sobre los transgénicos en las últimas décadas y saber que el uso de nuevas tecnologías no puede ser restringido únicamente a una discusión tecnocientífica de cómo funciona la técnica, sino que requiere un debate más amplio que responda a las necesidades de la agricultura mexicana”.
Piñeyro calificó el discurso de que hay que subirse al tren del progreso como ‘tecno optimismo’.
“No todos los problemas se solucionan únicamente con tecnología. Muchos problemas técnicos en realidad son sociales. Y no se van a resolver con más biotecnología sino con cambios en la distribución de la riqueza o la comercialización”, añadió.
Alejandra Quadrana, socióloga argentina y becaria postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, también firmante del posicionamiento, dijo que es un buen momento para que la regulación propicie la conciliación entre las visiones opuestas respecto a la biotecnología.
Para ella, las tecnologías no son buenas ni malas, sino cómo se utilizan, en qué contexto y con qué intereses.
“Regular de manera diferenciada sobre edición genética no significa abrirla indiscriminadamente, es justamente poder hacer un seguimiento de los procesos de innovación y decidir soberanamente sobre eso”.
Y agregó que “este posicionamiento es una manera de empezar a poner este tema en la mesa de debate. El contexto es favorable para contrastar las distintas opiniones, generar consensos, discutirlos, y que eso pueda plasmarse en una regulación. Eso sería lo ideal”.
