Para el mandatario ucraniano, Bucha “es un símbolo de las atrocidades del ejército del país ocupante. Nunca perdonaremos. Castigaremos a cada culpable”, dijo Zelenski en un mensaje en redes sociales.
El 31 de marzo de 2022, el ejército ruso se retiró de esta localidad y de todo el norte de Kiev, un poco más de un mes después de iniciar una ofensiva contra Ucrania.
Dos días después de ese retiro, periodistas franceses constataron que había restos carbonizados, casas destruidas y los cadáveres de 20 hombres vestidos de civil. Ucrania denunció que en Bucha se produjeron ejecuciones sumarias y crímenes de guerra, mientras que Rusia siempre ha alegado que se trata de un montaje y ha negado su implicación.
Desde hace un año casi la totalidad de los dirigentes extranjeros que han visitado Ucrania, se han desplazado hasta Bucha. La ciudad, que antes de la guerra contaba con 37.000 habitantes, sigue recuperándose, con obreros que trabajan para reconstruir las viviendas y pavimentar las calles.
El gobierno de Kiev afirma que en la localidad de Izum fueron encontradas cientos de fosas y en otras ciudades recapturadas hallaron “salas de tortura”.
Los fiscales ucranianos afirman que las fuerzas rusas mataron a unos 1.400 civiles en las cercanías de Bucha y dicen que han identificado a decenas de soldados rusos que son responsables.
La Corte Penal Internacional (CPI) emitió en marzo una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por la “deportación” de miles de niños ucranianos hacia Rusia o hacia territorios ocupados.
Por su parte, Ucrania exige la creación de un tribunal especial para juzgar a los altos mandos rusos por la “agresión” contra Ucrania, pero la configuración exacta de esta instancia plantea cuestiones jurídicas complejas y genera reticencias.
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