La iniciativa, que modifica los artículos 2, 5, 6, 11 y 29, plantea que a los principios que deberán observar las políticas públicas se sumen la participación directa de las personas con discapacidad en herramientas tecnológicas y normativas, así como la promoción de entornos digitales accesibles y tecnología inclusiva.
Añade entre las facultades de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal fomentar la participación de ese sector en la vida pública, política y social del país.
Establece que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tendrá entre sus funciones garantizar que los espacios laborales remotos, plataformas digitales de empleo y procesos de selección virtual sean accesibles para ese sector mediante tecnología adaptativa, formatos y asistencia personalizada.
Asimismo, las autoridades deberán garantizar el acceso efectivo a la justicia digital, incluir audiencias virtuales, notificaciones electrónicas y plataformas en formatos accesibles para personas con discapacidad sensorial, cognitiva o psicosocial.
Incorpora el concepto de “accesibilidad digital universal” como el diseño de plataformas y servicios digitales que pueden ser utilizados por personas con discapacidad en igualdad de condiciones.
Además, el término “tecnología asistida” como cualquier sistema, aplicación, equipo o software utilizado para aumentar, mantener o mejorar las capacidades funcionales de las personas con discapacidad, especialmente en entornos digitales.
En el documento, turnado a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, el diputado Guevara Garza argumenta que la transformación digital y la creciente digitalización de servicios públicos, empleos, educación, justicia y participación ciudadana han creado nuevas barreras para este sector.
Estas limitaciones profundizan en la desigualdad y contradicen los principios de accesibilidad universal, igualdad sustantiva y autonomía que rigen las políticas de inclusión, añade.
Señala que la reforma permite reducir la brecha digital, aumentar la inserción laboral en entornos digitales, garantizar acceso a la justicia digital y participación democrática, impulsar el desarrollo tecnológico con enfoque de derechos humanos y cumplir con los compromisos internacionales de México en materia de inclusión, desarrollo sostenible y accesibilidad universal.
Además, se alinea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Ley General de Educación, en su dimensión de accesibilidad digital, la Ley Federal del Trabajo, la Política Nacional de Inclusión 2021-2024 y el marco del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
