Sergio Mario Arredondo Salas indicó que autoridades de la UAS han aplicado de forma excesiva instrumentos para aplazar sus audiencias.
Culiacán, Sinaloa | Ante una iniciativa presentada en el Congreso del Estado para que personas imputadas deban abstenerse de retrasar audiencias, el presidente de la Comisión de Fiscalización, quien forma parte de la lista de legisladores que suscriben dicha propuesta, precisó que con ella se busca establecer procesos que eviten el uso excesivo de instrumentos legales que actualmente no están frenados por la ley.
Sergio Mario Arredondo Salas indicó que este es un tema de orden federal y para ello se debe dar inicio a un proceso legislativo para otorgarle la conducción adecuada sin trasgredir facultades, órdenes o derechos de las personas que se encuentran bajo proceso judicial.
Dicha iniciativa habría surgido en relación a las audiencias aplazadas por figuras de autoridad en la Universidad Autónoma de Sinaloa, quienes han pospuesto sus respectivos procesos a través de justificantes médicos y diversos mecanismos legales.
“Hablo a título propio, me parece desafortunada la postura de ese tipo de una autoridad universitaria. Una autoridad que tiene compromiso de educar con el ejemplo”, dijo.
El legislador remarcó que sería de suma importancia que estas figuras universitarias, mismas que se sostienen en las entregas de la propia ciudadanía presenten una postura o respuesta a las acusaciones legales que enfrentan, resaltando la presunción de inocencia.
Arredondo Salas consideró que del mismo modo en que la sociedad sinaloense merece tener conocimiento si son o no inocentes y que tengan la oportunidad de probarlo, también debe ser de carácter público si existen responsables en los presuntos malos manejos dentro de la institución.
“Aquí la institución es la afectada, no son las autoridades universitarias. Vemos increíblemente desafortunado, carente de toda ética, y no solo lo digo yo, es un colectivo, ya la sociedad empieza a ver con molestia y con extraño ese exceso de presentación de justificantes médicos y de otros instrumentos que si bien pueden estar establecidos y en la norma y en la ley, no corresponde a lo que una autoridad universitaria de le debe merecer a la sociedad”, concluyó.
