Es un avance significativo en materia de protección de derechos humanos y un logró para la comunidad LGBTTTIQ+ la reciente aprobación de reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud, por parte del Senado de la República, para prohibir y sancionar los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), comúnmente denominadas terapias de conversión, manifestó la doctora Ana Isabel Sánchez Osuna.
La egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien actualmente se encuentra realizando estancia posdoctoral en esta misma institución, informó que desde hace tiempo tanto profesionistas de la salud como activistas han venido luchando para que cada día haya más garantía de los derechos de las personas de la comunidad de la diversidad sexual y de género.
Estas reformas establecen sanciones que van desde dos a seis años de prisión y multas considerables a quienes realicen, impulsen, apliquen, obliguen o financien cualquier forma de tratamiento, terapia, servicio o práctica que busque alterar la orientación sexual o identidad de género de una persona y dichas sanciones se duplicarán si las víctimas son menores de 18 años, adultos mayores o personas con discapacidad.
“Creo que era necesario que justo se legislara al respecto, ojalá que de verdad no solamente se de esta legislación en papel, sino que cada vez más haya difusión de información adecuada al respecto”, dijo.
Y es que, de acuerdo con la psicóloga las llamadas terapias de conversión vulneran los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género, ya que estas prácticas para cambiar la orientación sexual o la identidad de género pueden incluir violencia sexual, tortura psicológica, encierros, violencia física, tratamientos que les dicen correctivos, pero que en realidad no hay estudios que demuestren que sean efectivos; sin embargo, sí dejan un daño importante en la salud mental y emocional de las víctimas.
“Desafortunadamente yo me he enterado de colegas allá afuera que siguen teniendo una cédula y que siguen llevando a cabo su práctica profesional desde un montón de prejuicios y de estereotipos (…) y no debe de ser así, tenemos también que, las personas estar informadas de que eso es discriminación y de que eso es una falta de ética y una falta profesional que puede ser denunciada”, mencionó.
La especialista en estudios socioculturales y de género explicó que generalmente cuando las familias se encuentran con que hay una hija, un hijo homosexual existen muchas preocupaciones y miedos y buscan modificar dicha situación con este tipo de tratamientos que rompen con la subjetividad y que trasgreden los derechos de las infancias o de las adolescencias.
En ese sentido, puntualizó que como sociedad no se está acostumbrado a respetar que las niñas, niños y adolescentes también son sujetas y sujetos de derecho, tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad, a profesar ideas de manera individual y que, el que sean parte de un núcleo familiar no significa que se tienen que amoldar a lo que las familias dictaminan.
“La primera cosa que dicen las familias es, es que no quiero que mi hijo o mi hija sea violentado allá afuera, no quiero que sea discriminado, me da miedo que le pase algo o que se exponga como a ciertos peligros, siendo que las familias justo se vuelven el primer espacio que les violenta, les discrimina, que les pone en situaciones de peligro”, indicó.
Expresó por muchos años la sociedad y la ciencia han venido tratando de encontrar alguna explicación para buscar una solución a la orientación sexual, la cual desde 1990 la OMS dictaminó que no es una enfermedad, es por eso que aplaudió que el Senado prohíba de forma definitiva las terapias de conversión en el país y las haya tipificado como delito. De igual manera llamó a las familias a romper con los mitos, estereotipos y prejuicios que existen en torno a la diversidad sexual y de género.
