Culiacán, Sin._ El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Sinaloa ha otorgado 586 medidas de protección en lo que va del año, cifra que representa el doble de atenciones en comparación con periodos anteriores, informó su titular, Jenny Judith Bernal Arellano.
Entre las acciones implementadas se encuentran cámaras de seguridad para vehículos, reforzamiento de entradas y salidas, escoltas, terapia psicológica, chalecos antibalas y guías de seguridad digital.
”Hemos impactado en ese tiempo en 136 personas a las que han acudido al instituto de ellas 69 periodistas, 48 defensores de derechos humanos y 20 familiares de unos y otros. Las principales agresiones en el top 10 tenemos las amenazas de muerte, esas son las más comunes de parte de particulares, autoridades y delincuencia organizada”.
Bernal Arellano precisó que las amenazas de muerte provenientes tanto de particulares, como de autoridades y grupos delincuenciales son el tipo de violencia más frecuente contra periodistas y personas defensoras en el estado.
Para prevenir abusos, el instituto ha capacitado a elementos policiacos de los 20 municipios de Sinaloa, así como a otras autoridades, con el objetivo de sensibilizarlos sobre la importancia de respetar y garantizar la labor de estos grupos.
En relación con recientes denuncias sobre elementos del Ejército Mexicano que habrían solicitado a periodistas fotografías de su credencial del INE, Bernal Arellano aclaró que el instituto no tiene competencia para sancionar a autoridades federales, pero sí envió un oficio a la Novena Zona Militar explicando que esta práctica podría constituir un acto de intimidación.
”Bueno ya tuvimos la petición de algunos de ustedes, en el sentido de que les estaban tomando fotografía INE, por parte de elementos del ejército, y pues ustedes saben que yo no tengo competencia contra autoridades federales, sin embargo, de una manera muy respetuosa, me atreví a dirigir un escrito aquí a la a la novena zona militar, exponiéndole que eso pudiera considerarse un posible acto de amenaza o intimidación”.
La titular del instituto agregó que posterior a enviar este documento, recibieron una respuesta por la autoridad militar quienes informaron que se dio la instrucción al personal para que este tipo de acciones no se repitan.
