Culiacán, Sinaloa.- A partir de este martes 03 de noviembre entró en vigor la restricción del uso de teléfonos celulares en escuelas de educación básica de Sinaloa, medida que busca reducir las distracciones durante las clases, mejorar la concentración de los estudiantes y proteger su salud mental y emocional, informó la secretaria de Educación Pública y Cultura (SEPyC), Gloria Himelda Félix Niebla.
La funcionaria estatal detalló que, si el alumno lleva el teléfono a la escuela, el director o el maestro lo recogerá, lo resguardará durante toda la jornada y se lo entregará a la salida. La otra opción dijo, es que el aparato permanezca apagado dentro de la mochila.
Félix Niebla aseguró que el sistema educativo estatal se encuentra preparado para aplicar esta disposición, luego de que el decreto presidencial fuera socializado previamente con la estructura educativa.
“Hoy se suma Sinaloa, se suma México, bien por la educación, bien por el bien superior del menor, pero además porque nosotros estamos pugnando desde distintas estrategias por la salud emocional y mental de nuestros educandos. Esto nos va a ayudar mucho más en que estas estrategias que estamos implementando sean provechosas. Nuestra gobiernos ha indicando en que privilegiemos justamente el derecho a la educación, la no discriminación, no desviar los aprendizajes de los niños”, dijo.
La titular de SEPyC hizo un llamado a padres y madres de familia, tutores, a cuidadoras a ser partícipes de esta estrategia.
Dijo que es es importante entender que esta medida va en beneficio del desarrollo de sus hijos, de cuidar su salud mental, de evitar distracciones al momento de clases ya que es una problemática mundial, no propia ni de Sinaloa, ni de México.
Félix Niebla indicó que la regulación surgió luego de que el 80 por ciento de las maestras y maestros consultados manifestara que los teléfonos celulares representaban una distracción y dificultaban mantener la concentración de niñas, niños y adolescentes durante las actividades escolares.
Por último, recordó que las entidades cuentan con un plazo de 120 días para establecer lineamientos específicos que permitan aplicar el decreto de acuerdo con las necesidades de cada sistema educativo.
