Las autoridades españolas deben realizar una investigación profunda sobre la supuesta utilización de programas de espionaje Pegasus y Candiru contra figuras públicas y activistas catalanes en España tras la campaña por la independencia de 2017, reclamaron este jueves 2 de febrero expertos de la ONU.
Entre 2017 y 2020, los teléfonos de más de 60 personas de la órbita independentista catalana fueron infectados el programa de espionaje israelí Pegasus, según un informe de la organización canadiense Citizen Lab publicado en abril del año pasado.
Entre las víctimas, se encontraban líderes catalanes, miembros del Parlamento Europeo, legisladores, juristas y miembros de organizaciones de la sociedad civil, indicaron los expertos de la ONU.
“Las autoridades españolas deben realizar una investigación completa, justa y efectiva de estas denuncias, publicar los resultados y detener cualquier injerencia ilegal en los derechos fundamentales de los activistas de la minoría catalana en España”, afirmaron los expertos.
Las tensiones entre el independentismo catalán y el gobierno central alcanzaron su cenit en octubre de 2017, cuando los separatistas organizaron un ilegal referéndum de autodeterminación y posteriormente declararon unilateralmente, y sin éxito, la independencia de la región.
.La mayoría de los incidentes de espionaje contra líderes y activistas catalanes tuvieron lugar en 2017, poco después de la campaña de independencia de la región, recordaron los expertos, que son nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero no se expresan en nombre de esa organización.
El grupo explicó que a finales de 2022 contactó con el Gobierno español para tratar sobre este asunto, y que el Ejecutivo respondió indicando que había una investigación en curso y que, por ello, no podía pronunciarse al respecto.
“Esperamos con interés los resultados de la investigación judicial”, señalaron los expertos.
El grupo manifestó su inquietud por el alcance y la sofisticación del programa de espionaje y porque se usara contra “líderes y activistas de minorías que no participaron en ninguna actividad violenta”, lo cual podría “conducir a una mayor autocensura”.
Asimismo, reiteraron su “llamado a una moratoria global sobre la venta y transferencia de tecnología de vigilancia” e instaron a España a sumarse a esa iniciativa.
