El juez de control decidió separar de sus cargos tanto al rector, como al Comité de Adquisiciones de la UAS, quienes están acusados del Desempeño Irregular de la Función Pública y Ejercicio Indebido del Servicio Público.
Culiacán, Sinaloa | Ante las dudas que existen por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) de que las autoridades universitarias implicadas en la presunta compra de 45 millones de pesos en tortillas durante el periodo de la pandemia por Covid-19, pudieran ocultar, alterar o destruir información valiosa en el seguimiento del caso, solicitaron al juez de control la separación del cargo temporalmente de Jesús Madueña Molina, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de todos los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Casa Rosalina.
En la audiencia celebrada este martes en el la sede de Justicia Penal Acusatoria zona centro, la Fiscalía realizó la petición buscando una modificación a las medidas cautelares que ya se le habían impuesto al propio Madueña Molina y al resto de los implicados, por considerarlas laxas y en cierto modo insuficientes, ya que los acusados del delito de Desempeño irregular de la Función Pública y el Ejercicio Indebido del Servicio Público, han aprovechado las circunstancias para negar información que el ente fiscal ha solicitado referente al procedimiento que se investiga, y por lo tanto, pudieran seguir con dichas prácticas dilatorias e incluso eliminar evidencia.
Finalmente, después de horas de análisis el juez de control Carlos Alberto Herrera decidió separar de sus cargos tanto al rector, y a quienes como parte del comité que realiza las compras en la UAS están involucrados en la acusación.
El resto de los funcionarios universitarios separados de sus cargos son Soila Maribel Gaxiola Camacho, directora de Planeación y Desarrollo; Jorge Pérez Rubio, director de Construcción y Mantenimiento; Óscar Orlando Guadrón, director de Proyectos Especiales; y Manuel de Jesús Lara Salazar, contralor General de la UAS.
Previamente Jesús Madueña aseguró que el juez infringía la ley, argumentando que, es solamente el Consejo Universitario quien está facultado para removerlo, así como lo estuvo para elegirlo.
