El diputado señaló que ha quedado claro que la reforma universitaria se debe realizar por el bien de la UAS.
Culiacán, Sinaloa | El Presidente de la Comisión de Transparencia en el Congreso, Sergio Mario Arredondo Salas, celebró que se haya dado un escenario que permitió acercamientos entre autoridades gubernamentales y universitarias, esto en relación a la reunión que sostuvo el Gobernador Rubén Rocha Moya este martes con la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde y autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
El diputado local dijo que fue bueno que se haya dado una mesa de diálogo donde la legalidad fue el tema que imperó, pues se había generado mucha especulación sobre cuáles son los temas que debiesen atenderse con las autoridades federales.
“Muy afortunada la manera en que se están atendiendo las diversas inquietudes que llevaron las autoridades universitarias, los procesos judiciales ha quedado claro que corren en la ruta precisamente de los jueces. La reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa se debe de desarrollar en el marco de la autonomía de la propia institución como la ley lo mandata; lo que aquí impera es la legalidad, yo creo que eso hay que reconocerlo y hay que celebrarlo no podía ser de otra forma”, expresó.
Sergio Mario Arredondo reconoció y señaló como positivo la libertad de expresión de ambas partes, pues dijo que quienes se manifestaron a las afueras de la Segob lo hicieron con la plena confianza de que serían escuchados.
“Me da gusto que tengamos un país donde posturas diversas, incluso contrarias puedan manifestarse en libertad, eso es lo que yo quisiera que se viviera al interior de la universidad, eso desafortunadamente no sucede, lo que hoy los sinaloenses vimos no sucede en la Universidad Autónoma de Sinaloa del día de hoy”, agregó.
El Presidente de la Comisión de Transparencia en el Congreso, recordó que ya se leyeron en semanas pasadas alrededor de 36 iniciativas que hablan de democracia, de transparencia, que presentaron universitarios ciudadanos sinaloenses, apelando al derecho que tiene consagrado la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
