La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insiste a México que rompa “el pacto de silencio” de las autoridades que impide resolver el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.
Así se expresó la comisionada de la CIDH para México, Esmeralda Arosemena, durante una audiencia del organismo en Washington donde los familiares de los jóvenes denunciaron que la investigación del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador “va en picado” por las presiones del Ejército.
“Hay un pacto de silencio que no ha permitido que el caso Ayotzinapa llegue a un desarrollo para alcanzar la verdad y someter a la justicia a los responsables a pesar de que hay identificadas a las personas”, lamentó Arosemena.
La comisionada recalcó que la resolución del caso requiere de una “voluntad expresa” y de “información clara”, y expresó el compromiso de la CIDH de “acompañar” a las familias y al Estado hasta lograr el total esclarecimiento de los hechos ocurridos hace nueve años.
Según la desacreditada versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), conocida como “verdad histórica”, los 43 estudiantes de Ayotzinapa (Guerrero) fueron detenidos en septiembre de 2014 por policías corruptos vinculados con el crimen organizado que los asesinaron e incineraron en un basurero.
En 2018, López Obrador reabrió las pesquisas y se ordenó la captura de militares vinculados al caso. Pero según las familias, la falta de voluntad del Gobierno y las presiones del Ejército han impedido nuevos avances y han derivado en la renuncia del fiscal especial del caso Omar Gómez Trejo y en la salida de los expertos de la CIDH del país.
“Politización de la Justicia en México”
Durante la audiencia de este miércoles, el abogado de las familias Santiago Aguirre, del Centro Prodh, denunció que el Gobierno de López Obrador ha “desmantelado” la Comisión de la Verdad y la fiscalía especial que se crearon para resolver el caso y que los avances han quedado “truncados”.
Criticó la “tremenda politización de la justicia en México” y el “inédito empoderamiento del Ejército”. Además, expresó preocupación por las investigaciones sobre el ya exfiscal Gómez Trejo y el también dimitido subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, quienes intentaron resolver el caso.
El también abogado Vidulfo Rosales lamentó que “la investigación va en picado y en franco retroceso”, mientras que Mario González, padre del estudiantes César Manuel González, dijo que los familiares están “enojados, decepcionados, fastidiados y encabronados”.
En representación del Estado mexicano, la embajadora de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luz Elena Baños, respondió que López Obrador “ha expresado claramente su compromiso para continuar con las acciones de búsqueda y de investigación”.
Reivindicó además que el actual Gobierno catalogó el caso como un “crimen de Estado”, que hay 124 personas detenidas por la desaparición de los 43 estudiantes y que se investiga también a los funcionarios del Ejecutivo de Peña Nieto que diseñaron la “verdad histórica” para dar carpetazo a las pesquisas.
Tanto la CIDH como las familias lamentaron la ausencia de las autoridades que investigan el caso a pesar de haber sido invitadas en la audiencia.
