La propuesta contenida en el dictamen modifica la penalidad de 12 a 24 años de prisión.
Culiacán, Sinaloa | La Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Sinaloa aprobó este jueves dictamen que reforma el Código Penal para el Estado de Sinaloa y que incrementa la pena de cárcel para quienes priven de la vida a periodistas, servidores públicos de instituciones de seguridad pública o que la víctima sea menor de 18 años de edad.
La pena actual establecida en el artículo 134 establece que quien prive de la vida a otra persona es de ocho a 22 años de prisión.
La propuesta contenida en el dictamen modifica la penalidad de 12 a 24 años de prisión.
El artículo 139 también incrementa la pena más baja, que actualmente es de 22 años para dejarla en 25 años, y la pena máxima de 50 años se mantiene sin modificación.
A este mismo artículo se le añade una fracción (que será la IX), en la que se establece que dichas penas se aplicarán también en los casos que el homicidio se cometa dolosamente en contra de una persona menor de 18 años de edad.
La diputada Yeraldine Bonilla Valverde, presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo del Estado, señaló que para la elaboración del dictamen, la Comisión de Justicia tomó en cuenta dos iniciativas, una de las cuales fue propuesta por el Grupo Parlamentario del PAN y la otra por el Grupo Parlamentario de Morena, ambos de la actual Legislatura.
“Con la votación de tres integrantes de esta Comisión de Justicia, quedó aprobado el dictamen de decreto por lo que se reforman los artículos 134 y 139 del código penal para el Estado de Sinaloa en materia de incremento de penas al delito de homicidios, así como el establecimiento de penas de 25 a 50 años de prisión por el delito de homicidio cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes”, dijo.
La Comisión considera que las propuestas de ambas iniciativas no sólo buscan combatir la elevada ocurrencia de homicidios, sino que además plantean atender un aspecto fundamental del interés superior de la niñez, la protección penal reforzada frente a actos de violencia cometidos en contra de este grupo prioritario, en especial cuando sean directa o indirectamente afectados.
Votaron a favor del dictamen las diputadas y diputado Yeraldine Bonilla Valverde, Ambrocio Chávez Chávez y Erika Rubí Martínez Rodríguez, en su calidad de presidenta, secretario y vocal de la Comisión de Justicia, respectivamente.
