Culiacán, Sinaloa.- El Congreso del Estado de Sinaloa dio lectura a una propuesta de ley que busca castigar como delito el uso de los llamados “ponchallantas”, es decir, objetos punzocortantes colocados en calles o carreteras para dañar vehículos y detener el tránsito.
La iniciativa propone penas de 3 a 10 años de cárcel, además de multas y el decomiso de los objetos, para quien coloque, fabrique, venda o facilite este tipo de herramientas peligrosas, como estrellas metálicas, erizos o varillas, así lo informó la Presidenta de la Junta de Coordinación Política María Teresa Guerra Ochoa.
”No tendrían derecho a fianza, quienes sean procesados por esto, hay otros estados que la penalidad es más alta de siete a 15 años. Quiero decirles que estados vecinos tienen este tipo penal, en caso de Sonora, lo tiene Tamaulipas, lo tiene Zacatecas, lo tiene la baja sur, hicimos una revisión entonces, es un nuevo tipo penal no todas las entidades la tienen y eso tiene que ver también con incidencias y con prácticas delictivas”.
También se aclara que estas sanciones se aplicarán si los hechos ocurren en cualquier tipo de vía, desde calles y avenidas hasta caminos de terracería o autopistas.
Además, las penas serán más severas si en el delito se involucra a menores de edad o si participa un servidor público.
Durante la sesión, se informó que el uso de estos objetos ha sido causa de diversos accidentes y ha impedido el libre tránsito de vehículos.
”En Sinaloa se ha registrado un considerable aumento del uso y por consiguiente, en la fabricación, comercialización y distribución de artefactos metálicos, conocidos como ponchallantas, especialmente en el contexto de los hechos de violencia y enfrentamientos contra fuerzas de seguridad pública, así el lanzamiento de denominaciones ponchallantas, ha sido recurrente en bloqueos carreteros, persecuciones y operativos policiales afectados en libre tránsito de la seguridad pública, al igual que el patrimonio vehicular y la propia integridad de la ciudadanía”.
Se destacó que sancionar este tipo de conductas no solo busca castigar a los responsables, sino también proteger la seguridad y el bienestar de la ciudadanía en general.
”En el orden para garantizar la segurIDAD pública del estado tiene la facultad para sancionar a quien infrinja las leyes, o en su caso, quienes cometen algún ilícito como medida sancionadoras, establece la pena, la que es entendida como la restricción a privación de derechos que hacen imponer el autor de un delito y que tiene unA doble implicación, ya que Al mismo tiempo que se castiga Al delincuente, se está protegiendo las estructuras de convivencia social”.
Este dictamen se elaboró a partir de dos propuestas: una del grupo parlamentario de Morena y otra presentada por ciudadanos sinaloenses. Aún falta que se discuta y apruebe en una segunda lectura.