61 entes que integran el Poder Ejecutivo rigen su actuar con un Código de Conducta, instrumento que propicia la legalidad, la recuperación de la confianza ciudadana y previene el abuso de poder, en beneficio de la sociedad.
Culiacán, Sinaloa | Sinaloa consolida un servicio público íntegro y confirma su convicción con la legalidad y el combate a la corrupción, con la expedición y publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, de 34 códigos de conducta de igual número de dependencias y organismos públicos descentralizados, sostuvo Sandra Guadalupe Angulo Cázarez.
La Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas precisó que al inicio de la actual administración, sólo 27 entes públicos cumplían con este instrumento normativo que establece reglas de comportamiento e integridad de observancia obligatoria para las personas servidoras públicas.
“Este esfuerzo liderado por la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, confirma el compromiso de quienes integramos la administración pública con la honestidad, el fortalecimiento institucional y la promoción de una gestión pública basada en la ética, la rendición de cuentas y el bienestar de las y los sinaloenses”, aseveró.
Angulo Cázarez destacó que la meta alcanzada de 61 documentos con lineamientos específicos a aplicar por parte de los trabajadores del Gobierno del Estado en el desempeño de sus funciones, propicia reglas claras e igualdad de condiciones, previene el abuso de poder y asegura que en los actos de gobierno, el interés público prevalezca sobre beneficios personales.
Reconoció la colaboración y compromiso con el fortalecimiento de la integridad de Secretarias y Secretarios del Poder Ejecutivo, quienes son fundamentales en la transformación que se impulsa para consolidar buen gobierno y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
La Titular de la STRC indicó que desde la Coordinación de Control, Evaluación y Vinculación y el Departamento de Ética e Integridad se sensibiliza sobre la importancia de actuar con respeto, confianza y valores para dar certidumbre al quehacer gubernamental y fomentar mejor atención y confianza en la ciudadanía.
Además de ponderar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, objetividad, transparencia y rendición de cuentas, como la base de la dignificación del servicio público.
