El legislador local Adolfo Beltrán Corrales defendió ante el pleno la facultad de aplicar este procedimiento en avance a la reforma de la Ley Orgánica.
Culiacán, Sinaloa | De acuerdo con el presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología en el Congreso del Estado, la consulta a la comunidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa en el proceso de reforma a su Ley Orgánica es en atención al derecho de la sociedad sinaloense.
El diputado local Adolfo Beltrán Corrales precisó que, ante la falta de respuesta formal por parte de las autoridades administrativas de la casa de estudios, deberán ser los integrantes de la 64 Legislatura quiénes deban organizar este ejercicio democrático.
«El Congreso del Estado como institución y la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología como órgano, no tiene más interés que decirles a esos ciudadanos y ciudadanas y a esos organismos de la sociedad, que su derecho de iniciativa vale. No estamos tratando de proteger nuestro derecho. Estamos atendiendo el derecho de esos ciudadanos y de la sociedad sinaloense, pero si las autoridades universitarias no están dispuestas a participar, no nos han dejado otra opción más que la de este Congreso organice y desarrolle la consulta a los propios universitarios», dijo.
Tras la aprobación del acuerdo de la Comisión que establece las fechas y mecanismos a seguir durante la consulta, el legislador subió al pleno durante las intervenciones requeridas antes de su aprobación oficial por la Mesa Directiva, advirtiendo que no debe aceptarse que ningún ente externo al recinto parlamentario impida su facultad establecida en el artículo 43 de la Constitución del Estado de Sinaloa.
Explicó que con la aplicación de la Consulta, el poder legislativo de Sinaloa cumple también con el mandato establecido en la Ley General de Educación Superior.
Beltrán Corrales resaltó que en otras entidades sí se ha estado avanzando en una Consulta coordinada entre los Poderes Legislativos locales y las autoridades de las universidades cuyas leyes se reforman, como son los casos de Nayarit y Sonora.
Remarcó que en el caso de la UAS la Junta de Coordinación Política ha hecho no uno, sino varios esfuerzos para iniciar un diálogo con las autoridades universitarias respecto de este tema y es hora de que esas autoridades hasta hoy no han dado una sola respuesta.
