Culiacán, Sinaloa. – La diputada del Partido Revolucionario Institucional, Deysi Ayala Valenzuela, demandó una atención más efectiva para garantizar atención médica y social a los jornaleros agrícolas de todo el estado, así como evitar impunidad en casos graves, luego de los decesos de algunos menores en las cuarterías de Juan José Ríos en Guasave.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Obreros, del Trabajo y Previsión Social en el Congreso Local, indicó que esta es una situación reprobable que demuestra que no todas las personas tienen las mismas oportunidades de tener acceso a los derechos más elementales, como vivienda y alimentación digna, así como servicios médicos, lo cual alerta sobre la situación de los derechos humanos en el campo sinaloense.
Ayala Valenzuela recordó que, en su momento, presentó una iniciativa, la cual está en proceso previo de análisis y dictaminación en las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y Asuntos Agropecuarios, la cual tiene como finalidad que se expida la Ley de Protección a las Actividades del Campo y el Jornal Agrícola para el Estado de Sinaloa, donde se hacen propuestas para mejorar las condiciones de las personas que laboran en dichos campos y los principios de los rectores para realizar dichas actividades.
Así mismo agregó que en tal iniciativa se pretende que los empleadores no se aprovechen del desconocimiento y de la necesidad que puedan tener los trabajadores de dichos campos, que en su mayoría son personas indígenas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad y sin una formación educativa.
“Lo tenemos que establecer como un programa de atención con carácter estatal, antes existían a nivel federal y fue retirado este programa debemos de tener ese programa de carácter estatal aquí en Sinaloa para atender, pero que esté establecido en un cuerpo normativo como la iniciativa que ahorita estoy explicando, para no dejarlo a discrecionalidad de los gobernantes que vengan”, expresó.
La legisladora priista finalmente dijo que es necesario establecer los mecanismos institucionales para asegurar la atención integral y las condiciones mínimas de bienestar, así como la protección de los derechos de los jornaleros agrícolas que laboren en la entidad, sean estos migrantes o locales.
