La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador acusó penalmente al expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) por la supuesta malversación de más de 183,6 millones de dólares de fondos estatales, según trascendió este miércoles (24.08.2022).
Un representante de la FGR confirmó, en una grabación divulgada por la institución en redes sociales, que Sánchez Cerén se encuentra entre los 18 acusados por los delitos de peculado y lavado de dinero. Agregó que el Juzgado Quinto de Paz desarrollaría, sin que haya informado si se instaló o se aplazó la diligencia, la audiencia inicial del proceso penal en contra de las 18 personas implicadas.
Entre los procesados también se encuentran Manuel Melgar y Manuel Ayala, exsecretario privado de la Presidencia y el exdirector ejecutivo de la Presidencia, respectivamente.
El fiscal agregó que los montos “fueron desviados mediante la emisión de cheques” del fondo público a 6 cuentas bancarias “no autorizadas” por el Ministerio de Hacienda y estaban a nombre de empleados de la Presidencia. Para este supuesto desvío de fondos se utilizó la cuenta presupuestaria de gastos reservados, en la que se manejan recursos de uso discrecional supuestamente para la inteligencia estatal, según la fuente.
Esta misma partida, de acuerdo con la Fiscalía, fue utilizada por los expresidentes Elías Antonio Saca (2004-2009) y Mauricio Funes (2009-2014) para desviar recursos en sus Administraciones.
Los señalamientos contra expresidentes
Funes, asilado en Nicaragua desde septiembre de 2016 y que recibió la nacionalidad de ese país en 2019, es procesado junto a más de 30 personas, incluidos algunos familiares, por el supuesto desvío y lavado de más de 351 millones de dólares.
Saca -el primer expresidente de la democracia salvadoreña en ser condenado por corrupción- purga una pena de 10 años de prisión que recibió en septiembre de 2018 por desviar y lavar más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal durante su gestión.
Sánchez Cerén, quien se encuentra en Nicaragua, ya era procesado por supuestamente recibir 530.000 dólares en sobresueldos irregulares cuando era vicepresidente (2009-2014) y el país era gobernado por Funes. El exmandatario es el cuarto presidente de la etapa democrática salvadoreña en tener una orden de captura en su contra por supuesta corrupción.
