Un juzgado de instrucción de El Salvador instaló este lunes (19.09.2022) la audiencia preliminar contra el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) y otras personas por la supuesta malversación de más de 108 millones de dólares, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La fuente indicó en sus redes sociales que el proceso penal es por los delitos de peculado, lavado de dinero y cohecho propio por el supuesto manejo irregular de los fondos de la construcción de la represa El Chaparral. Agregó que el juzgado dictó un receso hasta el 21 de septiembre por el estado de salud del exfuncionario y empresario Miguel Menéndez Avelar.
En 2019, la Fiscalía salvadoreña acusó a Funes, a Menéndez y a otras personas ante una corte por delitos de corrupción en este caso.
El caso contra Funes
El Gobierno de Funes, de acuerdo con la Fiscalía, pactó con la empresa ASTALDI el pago directo de 108,5 millones de dólares, que incluía la cancelación de “la obra ejecutada hasta el momento y una suma adicional de 45.244.418 dólares, sin existir base legal ni técnica” para el monto extra. Por este caso, además de Funes, fueron señalados la cónyuge del exmandatario, Mitchell Guzmán, y el expresidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), José Leopoldo Samour.
La acusación de la Fiscalía señala que Funes habría recibido 3,5 millones de dólares en “dádivas” de la referida empresa que supuestamente fueron movidos mediante empresas “fachadas” en El Salvador, Panamá, Suiza, Islas Marshall y Curazao.
El 16 de agosto, la Fiscalía informó también que Menéndez recibió una condena de 8 años de cárcel por el cargo de casos especiales de lavado de dinero en un proceso vinculado a este. De acuerdo con la Fiscalía, Menéndez fue condenado por recibir una avioneta como “dádiva” de una empresa a la que se le otorgó la obra de la represa El Chaparral de manera irregular.
Funes, que se encuentra en Nicaragua, gobernó bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), ahora en la oposición, y fue el tercer expresidente vinculado a casos de corrupción en la historia reciente del país centroamericano.
