Un gran número de embarcaciones internacionales busca ocultar su ubicación en las regiones de mayor pesca ilegal, como las cercanías a la zona económica exclusiva (ZEE) argentina, apagando intencionalmente sus dispositivos de identificación con el fin de que no se detecten sus actividades ilícitas.
Un estudio publicado en Science Advances analizó 55.000 “eventos sospechosos” y determinó los lugares y momentos en que las 5.269 embarcaciones “oscurecieron” su actividad –algunas durante días– entre 2017 y 2019, totalizando cinco millones de horas de navegación.
El Sistema de Identificación Automática (AIS) fue creado para evitar colisiones. Si bien la obligación de activarlo no es universal ni permanente, y a veces se desactiva para evitar que competidores conozcan puntos de buena pesca o para evadir la piratería en aguas peligrosas, otros eventos de apagado “parecen ser intentos de ocultar actividades ilegales” en aguas extranjeras, plantea el trabajo.
Los pesqueros también suelen desactivar el AIS al llevar sus capturas clandestinas a cargueros refrigerados, una forma de evitar el contacto con los puertos.
Los países con embarcaciones que más se mantuvieron ocultas fueron España (14 por ciento de las horas navegadas), Estados Unidos (8 por ciento), Taiwán (6 por ciento) y China (5 por ciento), cuya flota de 3.000 embarcaciones pesca calamar frente a Ecuador, Perú y Chile.
La pesca no autorizada –un quinto del total mundial– implica pérdidas de hasta USD 25 mil millones anuales y es especialmente dañina para las naciones en desarrollo. Puede ser ilegal, no declarada o no reglamentada, y la protagonizan embarcaciones extranjeras privadas o estatales, a veces asociadas con la delincuencia organizada.
“La intensa presión pesquera ha llevado a la sobreexplotación y el declive de poblaciones en muchos stocks comerciales”, advierte el reporte, que llama la atención sobre tres zonas que combinan recursos abundantes con controles insuficientes: el noroeste del Pacífico, las aguas de África Occidental y las del Atlántico Sur.
“El 47 por ciento de los eventos de apagado ocurrieron junto a la ZEE argentina”, revela a SciDev.Net.Heather Welch, ecóloga espacial de la Universidad de California en Santa Cruz y una de las autoras del trabajo.
Esta “flota oscura” que pesca sin autorización está compuesta fundamentalmente por barcos que usan palangres (líneas con miles de anzuelos), poteras de calamar y redes de arrastre.
La pesca predatoria está en el centro de las preocupaciones de empresarios del sector, que calculan que hasta 500 intrusiones anuales depredan las reservas argentinas.
En un informe donde identifica a 972 barcos involucrados en la pesca no autorizada entre 2010 y 2022, la Coalición para la Transparencia Financiera (FTC) dedica un capítulo especial a ese país.
A pesar de los patrullajes y el monitoreo por GPS, la nación sudamericana tiene dificultades para evitar que las flotas que operan en la milla 200 –límite entre las aguas internacionales y las propias– pesquen langostino y calamar dentro de su jurisdicción.
“Muchos barcos apagan sus sistemas de seguimiento durante largos períodos y vuelven a cruzar la milla 200 con rumbo a alta mar cuando los detecta la guardia costera”, confirma el trabajo, que cita a representantes militares que critican la falta de submarinos y la existencia de un solo avión operativo para patrullajes.
Aunque el Parlamento aprobó en 2020 una norma que castiga a los infractores con multas que parten de USD 300.000, apenas se sanciona a una embarcación cada 18 meses.
En 2019, el barco surcoreano Oyang 77 había desactivado el AIS nueve veces junto a aguas argentinas –de donde extrajo 140 toneladas de merluza, raya y calamar– antes de ser capturado por autoridades locales.
“El Atlántico Sur no tiene un cuerpo de manejo regional que regule la actividad, con lo cual cualquiera puede ingresar sin requisitos de registro”, critica la FTC.
En ese contexto, las respuestas de cada país resultan heterogéneas. “Uruguay de algún modo favorece la pesca no autorizada”, ejemplifica Guillermo Cañete, consultor independiente e integrante de la Universidad Tecnológica Nacional argentina, que recuerda el caso del Viarsa 1, un barco español que portaba bandera uruguaya cuando pescaba en el Océano Índico en 2003.
Luego de 21 días de persecución, su captura generó un conflicto diplomático con Uruguay, señalado por la costumbre de autorizar el uso de su bandera a pesqueros que suelen incurrir en prácticas ilegales.
A pesar de la dimensión del conflicto, los autores del estudio se esperanzan con la progresiva eliminación de la pesca ilegal. “Irónicamente, la propia ausencia de datos podría servir como una herramienta valiosa”, plantean.
La información sobre eventos de apagado puede usarse para decidir dónde enviar drones o buques de vigilancia, y para enfocar las inspecciones portuarias en aquellos barcos que hayan desactivado el AIS cerca de las ZEEs, sugiere Welch.
Para evitar que los dueños de los buques evadan las sanciones apelando a empresas ficticias, la FTC recomienda que declaren a sus beneficiarios finales.
“Los principales importadores de pescado argentino, como España, Italia, Estados Unidos, China y Brasil, deberían hacer esfuerzos mayores para transparentar la cadena de suministros”, agrega.
En línea con esa asignación de responsabilidades, Cañete recuerda la importancia de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que ordena a los estados cooperar en la administración de los recursos de alta mar y mantener o restablecer las poblaciones capturadas, considerando las necesidades especiales de los países en desarrollo.
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