No es primera vez que la Iglesia católica se enfrenta a regímenes totalitarios en América Latina. La historia de pasadas décadas da cuenta de múltiples casos. Algunos sacerdotes llegaron a pagar con la vida su compromiso con los derechos humanos, como Monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 en El Salvador y canonizado en 2018. El mismo año en que brotaron las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia nicaragüense intentó mediar para poner fin a la violencia. Desde entonces, es blanco de una represión cada vez más enconada en Nicaragua.
El del obispo Rolando Álvarez, de Matagalpa, es el caso más visible de una ola de hostigamiento que ya forzó, por ejemplo, la salida del país de Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, en 2019. Desde entonces se encuentra en el Vaticano, a instancias del Papa Francisco.
Retenido en el Palacio Episcopal
En Nicaragua se especula que también el obispo de Matagalpa podría partir al exilio. De momento, se encuentra retenido junto a cinco sacerdotes y varios laicos en el Palacio Episcopal, sitiado por fuerzas policiales. Se le investiga por el cargo de intentar “organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población, provocando un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la armonía en la comunidad con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”, según el comunicado oficial. El texto también indica que “los investigados se mantendrán en sus casas”, lo que equivale a un arresto domiciliario.
“Estos supuestos delitos que se le estarían imputando son absolutamente inexistentes. La acusación obedece a una estigmatización que está sufriendo la Iglesia católica desde 2018”, dice a DW desde Costa Rica Carlos Guadamuz, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. “Lo que quieren es el exilio o detener al obispo como lo han hecho también con otros sacerdotes, instrumentalizando el sistema de justicia para perpetuarse en el poder. Esta acusación es una evidencia también de que desde el sistema de justicia penal, desde la policía nacional, desde el Ministerio Público e inclusive desde el Poder Judicial, la criminalización avanza”, indica. “Son causas en que la persona está ya condenada”, dice.
Arrecian las hostilidades contra la Iglesia
La Iglesia de la región ha reaccionado con muestras de solidaridad y preocupación. Una declaración del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) alude también al “asedio a sacerdotes y obispos, la expulsión de miembros de comunidades religiosas, la profanación de templos y el cierre de radios” en Nicaragua.
De acuerdo con el estudio “Nicaragua: ¿una iglesia perseguida? (2018-2022)”, realizado por Martha Patricia Molina Montenegro, en ese período se registraron al menos 190 agresiones contra sacerdotes o templos. “Antes de abril de 2018, los atropellos hacia la Iglesia eran esporádicos. Después de esa fecha, las hostilidades se incrementaron y suben de tono”, indica el documento.
Silenciar la voz crítica de la Iglesia
“Diversos sacerdotes han sido obligados a abandonar el país y, en concreto, este año también se produjo la cancelación de la organización de las Hermanas de la Caridad (Teresa de Calcuta) e igualmente las religiosas fueron expulsadas del territorio nacional, en una actuación completamente arbitraria”, subraya Carlos Guadamuz. A su juicio, está claro que lo que el régimen busca es silenciar la voz crítica de la Iglesia, en una Nicaragua donde se han cerrado cada vez más los espacios de libertad.
“La iglesia católica en Nicaragua cuenta con el respaldo de la población, cuenta con credibilidad. En estos momentos, a nivel nacional, quizá la única institución sólida que queda en pie es la Iglesia católica. En estos momentos no existe un grupo de la sociedad civil que haya escapado de la persecución” afirma el abogado. Y de allí se deriva el intento de criminalizarla, ahora en la figura del obispo de Matagalpa.
