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Nicaragua: ‘La erradicación de la tortura no es una opción política’, advierte relator de la ONU

El pasado 14 de julio, el Comité Contra la Tortura convocó a Nicaragua a una revisión en el marco de la Convención contra la Tortura

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El comité contra la Tortura de Naciones Unidas concluyó que el Estado de Nicaragua ha violado sistemáticamente los derechos humanos y la Convención contra la tortura. Indica que el 97% de las denuncias se produjeron en centros de detención.  Las organizaciones civiles denuncian una falta total de compromiso frente a sus obligaciones internacionales y están muy preocupadas por la falta de colaboración del gobierno de Daniel Ortega para mejorar la situación que reveló el estudio.

El pasado 14 de julio, el Comité Contra la Tortura convocó a Nicaragua a una revisión en el marco de la Convención contra la Tortura. El Estado no asistió y acusó el comité de parcialidad para gestionar sus informes e inferir en sus leyes. Ante esto, el comité señaló que estas afirmaciones revelan un profundo desconocimiento, puesto que Nicaragua suscribió la Convención en 1985, durante el primer mandato de Daniel Ortega, y sigue vinculado a ella.

“Esta resistencia no es nueva, y ocurre mientras el Estado es acusado de poner en marcha una política de detenciones arbitrarias contra cualquier tipo de oposición”, apunta Tania Agosti, de la ONG afincada en Suiza, Raza e Igualdad, en el marco de la conferencia de prensa virtual Análisis de las Observaciones Finales del Comité contra la Tortura sobre Nicaragua.

“En la actualidad se reportan al menos 190 personas privadas de libertad por motivos políticos en condiciones inhumanas y donde existen claramente indicios de tortura y violencia sexual. El comité no duda en señalar que estas acciones son el resultado de la ausencia de órganos de control independientes y de la subordinación de las instituciones de seguridad al Poder Ejecutivo”, agrega.

Juan Carlos Arce, del colectivo “Nicaragua Nunca +”, insiste por su parte en “destacar que el comité manifiesta en primer lugar su preocupación por la falta de independencia y de imparcialidad del Poder Judicial y de la Fiscalía General, lo que facilita el uso del derecho penal para criminalizar la disidencia, la vulneración de la garantía judicial y la impunidad”.

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