La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) propuso que sea materia de salubridad general la atención integral, diagnóstico temprano y protección de los derechos de las personas neurodivergentes, garantizando el acompañamiento interdisciplinario para asegurar su bienestar, inclusión y autonomía durante todas las etapas de su vida.
En una iniciativa, que reforma los artículos 3 y 27 de la Ley General de Salud, define a las personas neurodivergentes como aquellas cuya configuración neurológica y procesos cognitivos presentan variaciones naturales respecto a la media, incluyendo, pero no limitado al espectro autista, TDAH, dislexia y otras condiciones del neurodesarrollo.
El documento enviado a la Comisión de Salud expone que la neurodivergencia reconoce la existencia de diversas formas de pensar, sentir y percibir el mundo. Estas condiciones pueden influir en procesos como la concentración, el control de impulsos, los niveles de energía, comunicación social, procesamiento sensorial, lectura y escritura, así como la coordinación motriz.
Asimismo, que la neurodivergencia se refiere a personas cuyo funcionamiento cognitivo difiere del de la mayoría de la población, lo que puede impactar su forma de aprender, comunicarse e interactuar socialmente.
De acuerdo con diversos estudios, se estima que un porcentaje significativo de la población mundial presenta alguna condición asociada a la neurodivergencia, lo que representa un desafío relevante para los sistemas de salud pública.
Se estima que entre el 10 y el 20 por ciento de la población mundial es neurodivergente; es decir, una de cada cinco personas experimenta el mundo con un cerebro que procesa la información de forma diferente, agrega.
Destaca que en México alrededor del 15 por ciento de la población tiene una condición neurodivergente, aunque no existe una estadística oficial consolidada sobre la prevalencia de estas condiciones a nivel nacional, y la carencia de información sistematizada dificulta la planeación de servicios de salud pública y el diseño de políticas adecuadas.
Además, señala, la ley General de Salud no contempla actualmente una regulación específica que reconozca a la neurodivergencia como una categoría propia ni que estructure servicios de salud pública dirigidos a esta población, y la ausencia de un marco normativo en esta materia genera una brecha significativa, así como en el acceso a la educación, trabajo e inclusión social de millones de personas.
Por ello, la diputada Aguilar Gil considera importante reconocer expresamente la neurodivergencia, garantizar servicios de salud pública adecuados a sus necesidades y establecer acciones de detección temprana, diagnóstico oportuno, atención integral y acompañamiento interdisciplinario.
