DW le preguntó a Gary J. Hale, quien dirigió operaciones de la DEA en Panamá que llevaron al arresto del dictador Manuel Antonio Noriega, cuán probable sería una intervención de ese tipo.
Esta semana, la prensa estadounidense informó que el Gobierno de Donald Trump estaría considerando usar drones contra los cárteles del narcotráfico en México, designados como organizaciones terroristas por el presidente de EE. UU. Tanto la presidenta mexicana como el Pentágono desestimaron, en principio, esa posibilidad.
Claudia Sheinbaum rechazó cualquier “intervención o injerencismo”, recordó que existe un diálogo sobre seguridad con EE. UU., y estimó que su vecino no emprendería una acción unilateral. Por su parte, Colby Jenkins, subsecretario de Defensa del Pentágono para operaciones especiales, afirmó que la designación de Trump no otorga automáticamente autoridad al Ejército para iniciar acciones directas contra los cárteles.
Automáticamente no. Ese matiz es clave, explica a DW Gary J. Hale*, quien dirigió actividades de la DEA (la agencia antidrogas estadounidense) en Panamá, durante las operaciones Blue Spoon y Just Cause, que llevaron a la invasión militar de EE. UU. y al arresto del dictador panameño Manuel Antonio Noriega, en 1989. En entrevista con DW, Hale considera “probable”, desde la perspectiva estadounidense, que Trump lance un “ataque unilateral” y habla de “precedentes” y posibles “catalizadores”.
DW: ¿Sería posible y legal el uso de drones estadounidenses contra los cárteles mexicanos?
Gary J. Hale: ¿Es posible o probable que el Gobierno estadounidense lleve a cabo un ataque preciso, muy preciso, contra un miembro o una instalación de un cártel? La respuesta es sí. Y le explicaré por qué.
Cuando una persona, entidad u organización es designada como organización terrorista extranjera, eso la convierte en un combatiente, un soldado. La ley equipara una organización terrorista extranjera con una fuerza militar, incluso si se trata de un agente no estatal, incluso si esa fuerza no tiene nada que ver con un Gobierno en particular, si opera por su cuenta.
En general, en cualquier parte del mundo, es ilegal asesinar a alguien. Sin embargo, bajo las reglas de la guerra, se puede matar al enemigo. Existe una diferencia legal entre matar con fines civiles y matar con fines militares.
Entonces, esta designación de Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) permite al Gobierno estadounidense designar a cualquier persona en esta lista como combatiente enemigo, lo que significa que se equipara a una fuerza militar y puede ser atacada y eliminada, por ley.
¿Existen precedentes?
Absolutamente, existe un precedente. ¿Ha ocurrido esto antes, donde Estados Unidos haya tomado acciones militares unilaterales en un tercer país? Sí.
Le daré un ejemplo: Osama bin Laden. Fuerzas estadounidenses (un primer país), estacionadas en Afganistán (un segundo país), lanzándose a Pakistán (un tercer país), para asesinar a un ciudadano de Arabia Saudita (un cuarto país), Osama bin Laden. [NdlR.: Osama bin Laden perdió su ciudadanía saudí y quedó apátrida desde 1994].
¿Por qué? Porque Osama había sido designado como [líder de una] organización terrorista extranjera. Esto permitió al Ejército estadounidense llevar a cabo una acción extraterritorial contra Osama bin Laden.
Había cuatro Gobiernos diferentes involucrados. Sin embargo, la ley estadounidense permite este tipo de acción contra este tipo de objetivos específicamente designados legalmente, que se consideran objetivos militares. Cualquiera que esté en esa lista de organizaciones terroristas extranjeras puede estar, no significa que estará, pero puede estar sujeto a acciones militares.
¿Cuál es la probabilidad de que algo así ocurra en México?
Está entre media y alta. Y creo que todos hemos visto que el presidente Trump tiene una forma muy particular de negociar. Primero, plantea el peor escenario posible y luego trabaja en reversa.
Por supuesto, Estados Unidos y México están muy conectados debido al comercio, la inmigración y otros temas como el narcotráfico. Entonces, si se daña a México, se daña a Estados Unidos; hay que tener cuidado al realizar este tipo de operaciones.
El motor principal de la relación entre Estados Unidos y México es el comercio, México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Cualquier acción militar afectará sin duda la balanza comercial, el comercio.
Tendría que haber un catalizador. Algo tendría que ocurrir para que ese ataque ocurriera. No creo que vaya a suceder solo porque se designó a esas personas como FTO. Lo más probable es, digamos, que haya una masacre con un ciudadano estadounidense involucrado, o algo tan escandaloso, tan imprudente, que Trump diga: “Bueno, ya está, adelante, ataquen”.
Estoy seguro de que, a estas alturas, el Gobierno estadounidense está, probablemente hasta cierto punto, aunque no mucho, en coordinación con los mexicanos, probablemente ya se han puesto de acuerdo sobre los objetivos, sobre quiénes son los traficantes o cárteles más importantes, etc. Sin embargo, cuando se trate de una decisión concreta, vamos a atacar a esta persona o a este lugar, por supuesto, eso no se le revelará a México.
La aplicación extraterritorial del derecho militar tiene precedentes. Ya ha sucedido antes, y el caso de Osama bin Laden es solo uno. Lo mismo ocurrió en Panamá con Noriega y en varios otros acontecimientos mundiales en los que Estados Unidos tomó medidas unilaterales en un tercer país.
¿Cómo se evitaría, en un caso así en México, lo que Estados Unidos suele llamar “daños colaterales”, la muerte de civiles no involucrados?
Bueno, estoy seguro, porque lo hemos demostrado muchísimas veces, de que cualquier acción militar que se tome será muy precisa. Dudo que sea un edificio o algo así, porque los laboratorios de fentanilo, metanfetamina o lo que sea, pueden colocarlos en cualquier lugar. Se pueden colocar en un garaje, en un apartamento.
No van a bombardear un edificio entero por [destruir] un laboratorio. Lo más probable es que persigan a un individuo en particular y lo más probable es que lo capturen de alguna manera. Y lo pongan bajo custodia militar unilateralmente, Estados Unidos por su cuenta.
No creo que el uso de una bomba, un misil o un ataque tengan lugar a menos que primero México permita a los cárteles hacer algo contra Estados Unidos. Por ejemplo, si turistas estadounidenses conducen por México y los cárteles los secuestran y los matan, eso bastaría para que el presidente diga basta.
Y normalmente, a eso se reduce todo: a proteger la vida y la propiedad de Estados Unidos. Si los cárteles atacaran una empresa estadounidense en México e incendiaran un edificio, eso sería justificación suficiente.
Entonces, ¿cuáles serían los daños colaterales? Por supuesto, hay muchísimos daños colaterales, desde el nivel político, el diplomático y el social. No creo que los ciudadanos mexicanos se ofendan. Probablemente no les gustaría la idea. Pero a la mayoría de los mexicanos no les gusta que los cárteles controlen el país y, en esencia, están controlando el país. La mayoría de la gente probablemente vería con buenos ojos cualquier tipo de ataque para quitarles el control a los cárteles.
Pero la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuenta con una amplia aprobación popular insistiendo en la soberanía de México, en no permitir la injerencia extranjera…
[Sheinbaum] puede decir lo que quiera. Puede decir que es un país soberano y que no van a permitir que los estadounidenses hagan esto o aquello. Pero los estadounidenses van a hacer lo que quieran, diga lo que diga. Puede tener el apoyo popular. No importa. No va a cambiar nada.
Lo que sí puede hacer la diferencia, lo que puede provocar que algo suceda, como un ataque de Estados Unidos en México, es si hay algún tipo de ataque contra ciudadanos o propiedades estadounidenses en México por parte de los cárteles. Si eso sucede, estoy seguro de que el Gobierno estadounidense atacaría inmediatamente a los cárteles. No al Gobierno mexicano ni al pueblo mexicano, sino al objetivo específico designado como FTO.
- Retirado de la DEA en 2010, Gary J. Hale es hoy investigador no residente en políticas de drogas y estudios sobre México en el Instituto Baker de la Rice University, en Houston. Fue coordinador de inteligencia de la Embajada de EE. UU. en La Paz (1987-1990), donde lideró la detención de Roberto Suárez Gómez, el “Rey de la Cocaína” de Bolivia. En 1989, dirigió operaciones de la DEA en Panamá que condujeron al arresto del dictador Manuel Noriega. En la década de 1990, sirvió en las embajadas de EE. UU. en Ciudad de México y Colombia, donde participó en la búsqueda de Pablo Escobar, líder del Cártel de Medellín.
Con información de DW
