● Se podría atender a millones de personas que padecen pobreza extrema y carencia alimentaria: diputado Astudillo Suárez (PVEM)
El diputado Ricardo Astudillo Suárez (PVEM) impulsa una reforma al artículo 32 de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, para fomentar la donación de productos alimentarios y de alimentos no comercializables aptos para el consumo humano y que cumplan con las normas de inocuidad alimentaria.
Asimismo, plantea adicionar el artículo 32 Bis a dicho ordenamiento, a fin de establecer que puede donar cualquier persona órgano, cadena, organización o afín que tenga en su poder productos alimentarios no comercializables.
Agrega que los productos no deben ser comercializables por razones estéticas, etiquetado o corta vida útil, pero deben garantizar su seguridad. Además, debe haber colaboración con entidades autorizadas, como bancos de alimentos, para la distribución adecuada.
Estipula como requisitos para los donatarios, ser instituciones legalmente constituidas con fines de asistencia social, contar con infraestructura y condiciones para almacenar y distribuir alimentos de manera segura, cumplir con las normativas sanitarias y garantizar el transporte adecuado de los productos alimentarios.
En su exposición de motivos, el diputado menciona que en México se desperdician alrededor de 20.4 millones de toneladas de alimentos, suficientes para alimentar a 25 millones de personas. Este problema no solo refleja desigualdades sociales, sino también impactos ambientales severos debido a los recursos desperdiciados en la producción, transporte y eliminación de alimentos.
Resalta que, si se recuperaran los alimentos desperdiciados, podrían alimentar durante semanas a los 7.4 millones de personas que padecen pobreza extrema y carencia alimentaria en México.
Señala que es necesario alinear a México con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, para reducir a la mitad el desperdicio global de alimentos per cápita y mejorar la posición de México en la escena internacional en términos de compromiso con la sostenibilidad.
Enfatiza que la implementación de esta reforma sería un paso significativo hacia el cumplimiento del derecho constitucional de toda persona a una alimentación adecuada, al redistribuir alimentos que se desperdician, asegurando su aprovechamiento para combatir la inseguridad alimentaria.
También, la reforma contribuiría a mitigar el cambio climático al reducir el desperdicio y fomentar prácticas sostenibles, y alinearse con los compromisos de México en la agenda 2030 de la ONU, que busca reducir a la mitad el desperdicio de alimentos.
Subraya que ayudaría a que las empresas reduzcan los costos asociados al manejo de alimentos desperdiciados y aprovechar incentivos fiscales por donar sus excedentes.
Puntualiza que, al redistribuir los alimentos aptos para el consumo humano a bancos de alimentos y comunidades vulnerables, se podría atender a millones de personas que viven en situación de inseguridad alimentaria.
