Culiacán, Sinaloa.- La Fiscalía de Delitos Electorales define como delito electoral a toda acción u omisión sancionados por las leyes penales que afectan el desarrollo de la función pública en esta materia, así como el ejercicio del voto con libertad, el cual debe ser universal para todo ciudadano, siendo además personal, secreto e intransferible.
Este tipo de faltas constitucionales pueden ser cometidas por cualquier miembro de la ciudadanía, ministros de culto religioso, funcionarios electorales o partidistas, así como candidatos, precandidatos o servidores públicos.
Se incluye desde solicitar el voto a cambio de dinero, amenazar con la suspensión de beneficios en un programa social por no participar en eventos de proselitismo político, presionar o inducir el sentido del voto durante el servicio de un culto religioso, organizar una reunión social con sentido de ejercer influencia del voto o impedir la instalación o cierre de una casilla electoral.
También se incluye cualquier tipo de intimidación en el electorado que pueda atentar contra la libertad de sufragio, así como la obstaculización de su desarrollo y alteración de documentos electorales o la retención de los mismos.
Se contempla como delito la destinación de bienes y servicios a cargo de un servidor público en apoyo a un candidato o partido político, ya sea en pro de su campaña o en cualquier evento proselitista.
Se penaliza la violencia política de género, entendiéndose como la publicación y divulgación de imágenes e información privada de una mujer cuyo contenido no esté relacionado con su vida pública, utilizando estereotipos que limiten o menosprecien sus derechos políticos electorales.
El Instituto Nacional Electoral ofrece servicios de atención ciudadana para la recepción de denuncias ante estos delitos a través del numero 800 433 2000, mientras que la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales presta su atención a la población desde el numero 800 833 7233.
